En 2025, los países de Oriente Medio registraron un aumento sin precedentes en la aplicación de la pena de muerte. Irán ejecutó a 2.159 personas, la cifra más alta desde 1981. Arabia Saudí aplicó la pena capital a 356 condenados, superando su récord anterior. Kuwait triplicó sus ejecuciones, pasando de 6 a 17. Estos datos reflejan una escalada represiva que viola normas internacionales de derechos humanos.
¿Qué revela el informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en 2025?
Amnistía Internacional (AI) publicó su informe anual el 18 de mayo de 2026. El documento confirma que la pena de muerte se ha convertido en un instrumento de control político en Irán. Las ejecuciones no responden únicamente a delitos graves, sino a expresiones de disidencia, protestas sociales o críticas al régimen.
Uso político de la ejecución
Las autoridades iraníes aplicaron la pena de muerte contra activistas, periodistas y manifestantes. Muchos juicios carecieron de garantías procesales mínimas. AI documentó casos de confesiones obtenidas bajo tortura y ausencia de defensa legal efectiva.
¿Por qué aumentaron las ejecuciones en Arabia Saudí?
En Arabia Saudí, el número de ejecuciones subió a 356 en 2025. El 67 % de los condenados —240 personas— fueron sentenciados por delitos relacionados con drogas, pese a que el derecho internacional prohíbe la pena de muerte para estos hechos.
Falta de respeto al derecho internacional
AI denunció que las autoridades saudíes ignoraron restricciones establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No se garantizó el derecho a un juicio justo ni se aplicaron los estándares mínimos de debido proceso.
¿Qué cambió en Kuwait con su nueva ley de drogas?
Kuwait aprobó una ley que amplía el alcance de la pena de muerte a delitos de producción y tráfico de drogas. La norma incluye agravantes para reincidentes y para quienes vendan sustancias a menores. Esto explica el salto de 6 a 17 ejecuciones en un año.
Impacto económico y social
La criminalización extrema afecta a migrantes y trabajadores extranjeros, que representan más del 70 % de la población encarcelada por delitos de drogas en la región. Esto genera costos legales, diplomáticos y de reputación para los gobiernos involucrados.
¿Cuál es el marco legal internacional aplicable?
El derecho internacional de derechos humanos prohíbe la pena de muerte para delitos no intencionales, como los relacionados con drogas. También exige juicios justos, acceso a apelación y prohibición de tortura. Ninguno de los tres países —Irán, Arabia Saudí ni Kuwait— ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige la abolición total de la pena capital.
Datos Clave
- Irán ejecutó a 2.159 personas en 2025: récord desde 1981.
- Arabia Saudí aplicó la pena de muerte a 356 personas: 240 por delitos de drogas.
- Kuwait triplicó sus ejecuciones: de 6 en 2024 a 17 en 2025.
- El 67 % de las ejecuciones saudíes violan el derecho internacional.
- Ninguno de los tres países ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo.
El contexto actual muestra una creciente tensión entre soberanía nacional y obligaciones internacionales. Desde el punto de vista económico, las sanciones diplomáticas y la presión de organismos multilaterales afectan inversiones y cooperación técnica. Desde lo práctico, la falta de transparencia judicial impide la rendición de cuentas y debilita instituciones clave. Legalmente, estos patrones consolidan una regresión en el respeto a los estándares mínimos de justicia global.
