La moción de censura de 2018 fue el único cambio de gobierno por vía parlamentaria en la democracia española. Se aprobó el 1 de junio de 2018. Derrocó a Mariano Rajoy y aupó a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La sentencia del caso Gürtel desencadenó la crisis. El PSOE presentó la iniciativa el 25 de mayo. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, fijó un plazo exprés: menos de una semana. El tiempo jugó en contra de Rajoy, no a su favor.
¿Por qué la moción de censura de 2018 tuvo éxito?
La rapidez fue clave. El reglamento del Congreso exige al menos cinco días hábiles entre presentación y votación. Se cumplió el mínimo, pero no se amplió. Rajoy y el PP asumieron que la urgencia impediría acuerdos. Subestimaron la capacidad de negociación del PSOE.
El papel decisivo del PNV y los partidos independentistas
El PNV había respaldado los presupuestos de 2019 días antes. Su cambio de postura fue estratégico, no espontáneo. Carles Puigdemont, desde Bruselas, autorizó a los diputados de ERC y PDeCAT a votar a favor. No hubo apoyo formal, pero sí permiso tácito. La presión por la situación en Cataluña no impidió la alianza: la condena del Gürtel pesó más.
¿Qué dice la Constitución sobre la moción de censura?
El artículo 113 de la Constitución Española regula la moción de censura. Exige que sea propuesta por al menos una décima parte de los diputados. Requiere mayoría absoluta: 176 votos. No se necesita debate previo ni plazo fijo. El reglamento del Congreso sí establece el mínimo de cinco días. Pero no un máximo. Rajoy eligió la velocidad como arma. Falló.
La reforma reglamentaria posterior
Tras 2018, se debatió modificar el reglamento para evitar tramitaciones exprés. No prosperó. El sistema sigue permitiendo plazos ajustados. Esto refuerza la necesidad de transparencia parlamentaria y control ciudadano. La Estrategia Nacional de Transparencia 2023–2027 incluye la mejora de la publicidad de iniciativas legislativas.
¿Cuál fue el impacto económico de la moción de censura?
El cambio de gobierno generó incertidumbre financiera inmediata. El Ibex 35 cayó un 1,2 % en la jornada del 1 de junio. Pero la estabilidad fiscal se mantuvo: los presupuestos de 2018 ya estaban aprobados. El nuevo Ejecutivo ratificó el Plan Nacional de Reformas ante la UE. No hubo cambios en política monetaria ni fiscal expansiva. El impacto real fue más político que económico.
El marco legal de la sucesión presidencial
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley del Gobierno regulan la continuidad institucional. Si cae un presidente, el candidato de la moción asume inmediatamente. No hay vacío de poder. Sánchez tomó posesión el 2 de junio de 2018. Su gobierno fue minoritario, pero constitucionalmente válido. La sentencia del Tribunal Constitucional 138/2019 ratificó la legalidad del proceso.
Datos Clave
- Fue la única moción de censura aprobada en la historia de la democracia española.
- Se presentó el 25 de mayo de 2018, tras la sentencia del caso Gürtel.
- Requirió 176 votos (mayoría absoluta) y los obtuvo con apoyo de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias.
- El PNV cambió su voto tras haber respaldado los presupuestos del PP días antes.
- El gobierno de Sánchez se constituyó sin mayoría parlamentaria, pero con respaldo constitucional pleno.
La moción de censura de 2018 no fue un golpe de Estado. Fue un ejercicio legítimo de control parlamentario. Demostró que el sistema puede renovarse sin elecciones anticipadas. También reveló sus fragilidades: dependencia de alianzas tácticas y riesgo de inestabilidad en gobiernos minoritarios. Hoy, con el Mundial 2026 y las notas de corte 2026, la atención está en otras prioridades. Pero la lección institucional sigue vigente.
