España ha quemado 39.296 hectáreas de superficie forestal en lo que va de 2026. Esa cifra es el triple que en el mismo periodo de 2025 y el doble de la media de los últimos 20 años. El número de siniestros ya alcanza los 254, frente a los 76 del año anterior. La intensidad y frecuencia de los incendios están redefiniendo la gestión del riesgo en el país.
¿Por qué se han disparado los incendios forestales en 2026?
La sequía prolongada, las altas temperaturas y la baja humedad relativa son los principales impulsores. Estas condiciones han secado masivamente la vegetación y la materia orgánica acumulada. El resultado es una carga combustible extremadamente volátil. En junio de 2026, las temperaturas superaron los 40 °C en siete comunidades autónomas. Eso aceleró la propagación del fuego hasta en un 300 % en zonas con pendiente y viento.
El rol del cambio climático
El cambio climático no es un factor aislado. Es el marco que multiplica la probabilidad de eventos extremos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2026 es el cuarto año consecutivo con déficit hídrico superior al 40 % en cuencas del sur y este. Esto reduce la capacidad de recuperación de los espacios naturales y debilita la resiliencia de la fauna y flora.
¿Qué zonas están más afectadas?
Andalucía lidera la estadística con incendios en Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba. El siniestro de Villanueva de los Castillejos, declarado el 8 de junio, quemó más de 5.000 hectáreas. Obligó al desalojo de 380 personas. Galicia y Catalunya también registraron múltiples focos: A Coruña, Ourense, Lugo y Lleida sufrieron siniestros simultáneos entre el 4 y el 10 de junio.
La semana más crítica: 4 al 10 de junio
En siete días, se quemaron 5.949 hectáreas. Eso representa el 15 % del total anual acumulado. El fuego avanzó a una velocidad media de 1,8 km/h en zonas con pinar y matorral denso. La coordinación entre los planes de protección civil de las comunidades autónomas fue clave para contener los focos más peligrosos.
¿Qué dice la normativa actual sobre prevención?
El Real Decreto 131/2021, que regula la prevención de incendios forestales, exige planes de gestión del combustible en zonas de alto riesgo. Pero su aplicación es desigual. Solo el 38 % de los municipios con riesgo alto cumplen con los plazos de limpieza de cortafuegos. Además, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a integrar la gestión del fuego en los planes de adaptación regional. Hasta hoy, solo 9 comunidades han aprobado dichos planes.
Financiación y respuesta institucional
El Ministerio para la Transición Ecológica destina 220 millones de euros anuales a prevención. Pero el 62 % se ejecuta en infraestructuras (pistas, depósitos), no en restauración ecológica ni en educación ambiental. Esa desviación reduce el impacto real de la inversión.
¿Cuál es el impacto económico real?
Los costes directos superan los 310 millones de euros hasta junio de 2026. Incluyen extinción, evacuaciones y daños a infraestructuras. Pero los indirectos son mayores: pérdida de ingresos turísticos en zonas como el Parque Natural de Doñana, caída de la producción de plantas aromáticas y madera certificada, y aumento de los gastos sanitarios por contaminación del aire. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que cada hectárea quemada reduce el valor económico de los servicios ecosistémicos en 12.400 euros/año.
Datos Clave
- Superficie quemada en 2026: 39.296 hectáreas (triple que en 2025)
- Número de incendios: 254 (frente a 76 en el mismo periodo de 2025)
- Grandes incendios (>500 ha): 8, el doble de la media histórica
- Personas desalojadas: 430, principalmente en Huelva y Lleida
- Coste estimado hasta junio: 310 millones de euros
- Zonas con mayor incidencia: Andalucía, Galicia y Catalunya
La aceleración de los incendios forestales no es un fenómeno aislado. Es un indicador temprano de estrés sistémico en los ecosistemas españoles. La combinación de sequía, energía térmica acumulada y gestión forestal insuficiente está generando un nuevo patrón de riesgo. Las respuestas técnicas deben ir acompañadas de cambios legales, presupuestarios y educativos. Sin esa triple acción, los récords de 2026 serán la nueva normalidad.
