El proyecto Ferrogrão, una línea férrea de 933 km en plena Amazonía brasileña, enfrenta una oposición creciente por sus efectos sobre biodiversidad, territorios indígenas y cambio climático. Más de cien representantes de pueblos originarios protestaron ante la Corte Suprema de Brasil. Exigen la anulación de la reducción del Parque Nacional del Jamanxim y la suspensión inmediata de la obra.
¿Qué es el proyecto Ferrogrão y por qué genera tanta controversia?
El Ferrogrão es una infraestructura ferroviaria diseñada para transportar soja y minerales desde el estado de Mato Grosso hasta el puerto de Miritituba, en el río Tapajós. Su trazado atraviesa zonas de alta sensibilidad ecológica y culturales.
El proyecto fue aprobado bajo el argumento de reducir costos logísticos y aumentar la competitividad agroexportadora. Sin embargo, su viabilidad depende de cambios legales que afectan directamente a áreas protegidas.
Reducción del Parque Nacional del Jamanxim
En 2017, una ley federal redujo la superficie del Parque Nacional del Jamanxim en más de 2.000 km². Esta modificación permitió que el trazado ferroviario cruzara su territorio. El parque alberga especies endémicas y es zona de influencia de comunidades Mundurukú, Suruí y Sateré-Mawé.
La Corte Suprema retomó el juicio sobre la constitucionalidad de esa ley. Un partido de izquierda impugnó la norma por vulnerar el principio de irreversibilidad de la protección ambiental.
¿Cómo afecta el Ferrogrão a los pueblos indígenas?
Los líderes indígenas denuncian que el proyecto no solo implica desplazamiento físico, sino también contaminación cruzada, pérdida de caza y pesca, y ruptura de rutas tradicionales de conocimiento.
El cacique Manoel Mundurukú señaló que los agroquímicos usados en los cultivos de soja ya causan enfermedades y muertes desde 2020. La llegada del Ferrogrão aceleraría esa exposición.
Modelo colonial de desarrollo
El activista Angelo Madson Tupinambá calificó el proyecto como una réplica del modelo colonial: planificado sin consulta previa, libre e informada. Criticó la influencia de corporaciones como Cargill, cuyas operaciones están vinculadas al avance de la frontera agrícola en la Amazonía.
La consulta indígena obligatoria, exigida por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución brasileña, no se realizó de forma efectiva. Esto convierte al proyecto en potencialmente ilegal bajo el marco jurídico nacional e internacional.
¿Cuál es el impacto económico real del Ferrogrão?
El gobierno brasileño estima que el Ferrogrão reducirá los costos de transporte en un 35 % y generará 12.000 empleos directos. Pero estudios independientes de la Universidad Federal de Pará advierten que el 70 % de los beneficios económicos irían a grandes corporaciones agroindustriales.
Además, el proyecto no incluye inversión pública en mitigación ambiental. No hay fondos asignados para monitoreo de deforestación, restauración de corredores ecológicos ni compensación a comunidades afectadas.
Costos ocultos del desarrollo
Los costos ambientales no contabilizados incluyen:
- Pérdida anual estimada de 1,2 millones de toneladas de carbono secuestrado.
- Riesgo de fragmentación de hábitats para jaguares, murciélagos frugívoros y aves migratorias.
- Aumento del tráfico de madera ilegal y minería artesanal en zonas colindantes.
¿Qué marco legal regula el Ferrogrão hoy?
El proyecto opera bajo una combinación de normas contradictorias. Por un lado, la Ley 13.638/2018 autoriza su construcción. Por otro, la Constitución brasileña (Art. 231) y la Ley 9.605/1998 prohíben actividades que dañen territorios tradicionales y áreas protegidas.
La Corte Suprema aún no ha emitido fallo definitivo. Mientras tanto, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) otorgó una licencia ambiental condicional en 2023, pero sin aval de los pueblos indígenas afectados.
Datos Clave
- El Ferrogrão atraviesa 3 estados, 12 municipios y 5 áreas protegidas.
- El Parque Nacional del Jamanxim perdió el 23 % de su superficie original tras la ley de 2017.
- Más del 85 % de los terrenos cercanos al trazado están bajo presión de deforestación.
- Ningún estudio de impacto social incluyó participación efectiva de comunidades Mundurukú o Suruí.
- La inversión total supera los USD 5.000 millones, con financiamiento mayoritario privado.
El Ferrogrão no es solo una vía férrea. Es un espejo de las tensiones entre desarrollo extractivo y derechos fundamentales. Su futuro depende de una decisión judicial que definirá si Brasil prioriza el capital financiero o la soberanía ambiental y cultural de sus pueblos originarios.
