El vale escolar de 60 euros en Cataluña enfrenta una fuerte revisión crítica en 2026. La Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) exige su reestructuración. El objetivo es priorizar la equidad y eliminar la fragmentación actual. El Govern destina 54,5 millones de euros anuales a este programa. Lo reciben 782.788 alumnos de primaria, secundaria y FP básica. Pero el 92% lo usa como un simple cheque de consumo, no como apoyo estructural.
¿Por qué el vale escolar no reduce la desigualdad educativa?
El modelo actual no ataca las causas profundas de la brecha económica. Las escuelas siguen cobrando cuotas de material escolar, pese al vale. Esto genera una doble carga: las familias pagan por lo que el centro exige y, además, gastan el vale en productos no siempre alineados con las necesidades reales del aula.
La aFFaC señala que el sistema carece de indicadores de impacto. No hay evaluación rigurosa sobre su incidencia en el gasto familiar ni en la reducción de la pobreza educativa. La ausencia de seguimiento objetivo debilita su legitimidad como política pública.
¿Qué propone la federación de familias?
La aFFaC plantea un cambio radical: eliminar la entrega directa del vale a las familias. En su lugar, propone que el dinero fluya directamente al centro educativo. Cada escuela gestionaría los recursos según su plan de necesidades, priorizando a los alumnos en situación de vulnerabilidad.
Este modelo incorpora el criterio de desigualdad social como eje central. Se vincularía con los datos del Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y los informes de los equipos de orientación. Así, el apoyo se ajusta a la realidad socioeconómica de cada alumnado, no a una asignación uniforme.
¿Cómo afectaría esto a la gestión escolar?
- Los centros concertados y públicos asumirían la compra centralizada de material.
- Se eliminaría la dispersión de gastos entre cientos de comercios.
- Se reduciría la carga administrativa para las familias, especialmente en hogares con bajos recursos digitales o lingüísticos.
- Se fortalecería la autonomía pedagógica al alinear el material con los currículos reales.
¿Qué dice el marco legal actual?
El Decreto 122/2022, que regula el vale escolar, lo define como una ayuda individual y nominal. Su gestión se basa en la libertad de elección familiar. Pero la aFFaC argumenta que esta libertad es teórica: el 77% de los fondos no se cede al centro por dificultades prácticas, no por preferencia. Además, la normativa no exige evaluación de resultados ni vinculación con indicadores de equidad.
El Estatut dels Estudiants y la Llei d’Educació de Catalunya sí prevén la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades. El actual sistema de vales no cumple con ese mandato legal. La reforma propuesta busca alinear la práctica con los principios constitucionales y autonómicos.
¿Cuál es el impacto económico real del vale?
El programa mueve 54,5 millones de euros anuales. Pero su retorno social es cuestionado. Un estudio interno de la aFFaC revela que el 60% del gasto con el vale se concentra en grandes cadenas de papelería y grandes superficies. Solo el 8% se destina a librerías locales o cooperativas educativas. Esto debilita el efecto redistributivo y favorece la lógica de mercado sobre la pedagógica.
Además, el 23% que sí se cede al centro se gestiona de forma heterogénea: algunos centros lo usan para material colectivo, otros para becas internas, y otros lo desvían a gastos de mantenimiento. Falta una normativa clara de destino y rendición de cuentas.
Datos Clave
- El vale escolar alcanza a 782.788 alumnos en Cataluña.
- El 92% de las familias lo usa como cheque de consumo, no como ayuda estructural.
- Solo el 23% de los fondos se cede al centro educativo.
- La aFFaC exige incorporar el criterio de desigualdad social como eje de asignación.
- El modelo actual carece de indicadores de eficacia y evaluación independiente.
El debate sobre el vale escolar trasciende lo técnico. Refleja una tensión entre el modelo de ayuda individualizada y el de intervención colectiva y contextualizada. En un contexto de creciente presión sobre los presupuestos educativos y de intensificación de las desigualdades postpandemia, la propuesta de la aFFaC no es solo una reforma administrativa. Es una apuesta por una educación pública más justa, medible y comprometida con la realidad social de cada aula.
