El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma del Código Penal que tipifica como delito las terapias de conversión, con penas de prisión de seis meses a dos años. La medida refuerza la protección del colectivo LGTBI+, tras años de denuncias y vacíos sancionadores. La ONU califica estas prácticas como una forma de tortura. La ley entra ahora en trámite en el Senado.
¿Qué sanciona la nueva reforma del Código Penal?
La reforma introduce un nuevo artículo que castiga con prisión la realización, promoción o financiación de prácticas destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. No se requiere que la víctima consienta: la vulneración de la autonomía personal es suficiente.
Se agravan las penas en casos graves
La ley aplica la pena en su mitad superior cuando concurren circunstancias como:
- La víctima sea menor de edad.
- Se use violencia, amenaza o abuso de autoridad.
- El autor pertenezca a una organización religiosa o asociativa.
- Las prácticas tengan fines lucrativos.
Además, se impone una inhabilitación especial de 3 a 5 años para ejercer profesiones con menores: educación, deporte o ocio.
¿Qué regulaba la ley trans de 2023?
La Ley Trans y LGTBI+ ya prohibió las terapias de conversión en 2023, pero solo con sanciones administrativas: multas de 200 a 150.000 euros. Sin embargo, no se ha impuesto ninguna multa desde entonces. El vacío ejecutivo dejó sin respuesta las 23 denuncias recibidas por el Ministerio de Igualdad entre 2023 y 2026.
Comunidades autónomas ya actuaron antes
Cataluña, Andalucía, el País Vasco y la Comunidad de Madrid aprobaron leyes propias contra estas prácticas. Pero carecían de herramientas penales. La reforma nacional cierra ese hueco jurídico.
¿Cuál es el impacto económico y social real?
Las terapias de conversión generan costes ocultos elevados. El Instituto Nacional de Estadística estima que el 37 % de las personas LGTBI+ que las sufrieron requieren atención psicológica especializada durante más de cinco años. El gasto público asociado supera los 12 millones de euros anuales.
Además, el Observatorio Estatal contra la LGTBIfobia registró un aumento del 22 % en intentos de suicidio entre menores tras experiencias de conversión. La reforma penal busca prevenir ese daño estructural.
¿Qué dice el marco legal internacional?
España está vinculada por tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 7 prohíbe la tortura y los tratos crueles. La Corte Europea de Derechos Humanos ya condenó a Malta en 2022 por no prohibir estas prácticas. La reforma alinea al país con estándares del Consejo de Europa y las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Datos Clave
- La reforma fue aprobada con 178 votos a favor, 138 abstenciones (PP) y 32 en contra (Vox).
- No se ha impuesto ninguna multa bajo la ley trans desde 2023, pese a 23 denuncias oficiales.
- Siete diócesis españolas han impartido cursos de conversión sexual, según denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.
- La inhabilitación profesional se aplica incluso si la pena de prisión es sustituida por otra medida.
- La reforma no afecta a la libertad de religión, pero sí limita prácticas que lesionan derechos fundamentales.
El contexto actual muestra una brecha entre norma y aplicación. La reforma penal no solo sanciona: legitima la identidad LGTBI+ como inalterable por decisión ajena. Su aprobación marca un punto de inflexión en la protección jurídica frente a la violencia simbólica y estructural.
