La salud mental en España enfrenta una crisis estructural: cifras alarmantes de ansiedad y depresión en jóvenes, infrafinanciación crónica y una escasez crítica de profesionales. Alberto Núñez Feijóo ha presentado seis compromisos concretos para revertir esta situación, centrados en inversión, formación y acceso equitativo. Su plan apunta a cerrar la brecha con la Unión Europea en menos de una década.
¿Qué propone Feijóo para mejorar la salud mental en España?
Feijóo ha anunciado una inversión anual de 700 millones de euros para salud mental. Esto duplicaría el presupuesto actual, que representa solo el 5% del gasto sanitario total, muy por debajo del 10% promedio europeo. El dinero se destinará a contratación, formación y digitalización de servicios.
El plan incluye la incorporación de 10.000 nuevos profesionales: 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos clínicos y 5.000 enfermeros especializados. España tiene actualmente la mitad de psiquiatras por habitante que la media de la UE. Esto exige ampliar plazas en el MIR en Psiquiatría, el PIR en Psicología Clínica y el EIR en Enfermería de Salud Mental.
¿Cómo afecta esto a los jóvenes y a las familias?
Feijóo ha calificado a la generación actual como la “más expuesta en los 47 años de democracia”. Los datos respaldan su advertencia: el 32% de adolescentes españoles reporta síntomas de ansiedad clínica, según el informe del CIS 2025. Las listas de espera para atención infanto-juvenil superan los 18 meses en comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha.
La propuesta incluye una Estrategia Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, con líneas de atención telefónica 24/7, protocolos unificados en centros educativos y apoyo a padres mediante guías validadas por la Sociedad Española de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
Acceso real, no solo promesas
- Se crearán 1.200 unidades de salud mental comunitaria en zonas rurales y periféricas.
- Se integrará la salud mental en Atención Primaria con 3.500 médicos de familia formados en detección temprana.
- Se impulsará la telepsiquiatría regulada, con facturación directa por la Seguridad Social.
¿Qué marco legal y económico sustenta el plan?
El plan se enmarca en la Ley General de Salud Pública y en el Plan Estratégico de Salud Mental 2023–2030, que exige revisión anual de indicadores. Sin embargo, hasta hoy no existía un cronograma financiero vinculante. Feijóo propone incluir la inversión en el Presupuesto General del Estado 2027, con mecanismos de control público y auditoría anual por la Intervención General de la Administración del Estado.
Económicamente, el coste se justifica con estudios del Banco de España: cada euro invertido en salud mental genera 2,3 euros en productividad y ahorro en gasto hospitalario y absentismo laboral. El impacto en el sistema educativo también es clave: un 15% de mejora en el rendimiento escolar se asocia con intervenciones tempranas en salud mental.
¿Qué datos clave debes conocer sobre la crisis actual?
- España tiene 5,2 psiquiatras por 100.000 habitantes, frente a los 10,4 de la UE.
- El 78% de los centros de salud mental infanto-juvenil no cubren la demanda en menos de 6 meses.
- La inversión pública en salud mental es 420 millones de euros anuales, lejos de los 900 millones estimados como necesarios.
- El ausentismo laboral por trastornos mentales creció un 22% entre 2023 y 2025, según la Mutua Universal.
- El 63% de los profesionales de salud mental trabajan en el sector privado, lo que agrava la desigualdad territorial.
Inversión, formación y acceso son las tres palancas
La propuesta no es solo presupuestaria. Incluye reformas normativas para agilizar la homologación de títulos extranjeros en psiquiatría y psicología clínica. También prevé incentivos fiscales para clínicas privadas que destinen el 30% de su capacidad a derivaciones públicas.
El plan se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con el ODS 3 (Salud y Bienestar). Su éxito dependerá de la coordinación entre comunidades autónomas, ya que la salud mental es competencia compartida. Sin una ley marco estatal, los avances seguirán siendo desiguales.
