El Tribunal Supremo ha abierto causa penal contra Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar en Comú Podem y exalcalde de Altafulla (Tarragona), por presunta prevaricación administrativa. La investigación se centra en contrataciones directas realizadas entre 2011 y 2019, que eligen deliberadamente la figura del contrato menor para eludir controles legales. Este caso refleja una tensión creciente entre transparencia institucional y prácticas opacas en la gestión local.
¿Qué es la prevaricación administrativa y por qué se aplica aquí?
La prevaricación administrativa es un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Se comete cuando un funcionario público dicta una resolución injusta, sabiendo que es contraria al derecho, con ánimo de perjudicar o beneficiar a alguien.
En este caso, los magistrados del Supremo señalan que Alonso Cantorné, como alcalde, usó sistemáticamente el contrato menor —una figura legal para gastos inferiores a 40.000 €— para adjudicar servicios legales y ambientales a Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP.
El mecanismo de elusión
- Se fraccionaron contratos para mantenerlos bajo el umbral legal.
- Se omitió la publicidad obligatoria en el Perfil del Contratante.
- No se justificó la urgencia ni la excepcionalidad exigida por la Ley de Contratos del Sector Público.
- Algunas adjudicaciones carecieron incluso de procedimiento formal.
¿Qué empresas están involucradas y cuál es su vínculo con el exalcalde?
Las dos sociedades mercantiles investigadas no son entidades anónimas. Milá Advocats SLP prestó asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Altafulla durante años. Sinergia Dret i Medi Ambient SLP, por su parte, gestionó proyectos medioambientales municipales.
Los jueces destacan que el exalcalde mantuvo “distintas relaciones” con ambas firmas, sin que se acredite una separación clara entre su función pública y sus vínculos personales o profesionales. Esto activa el principio de incompatibilidad recogido en la Ley de Incompatibilidades.
El impacto económico real
- Se identificaron al menos 27 contratos menores por un total superior a 680.000 €.
- El Ayuntamiento de Altafulla destinó el 12,4 % de su presupuesto anual de contratación a estas dos empresas entre 2015 y 2018.
- No se detectaron licitaciones públicas comparables ni informes de evaluación técnica previos.
¿Qué dice la normativa actual sobre los contratos menores?
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece límites estrictos para los contratos menores. Su uso indebido no es una simple infracción administrativa: puede constituir delito contra la Administración Pública.
Requisitos legales obligatorios
- Publicación obligatoria en el Perfil del Contratante, incluso para contratos menores.
- Justificación documental de la necesidad y urgencia.
- Prohibición expresa de fraccionamiento para eludir el procedimiento abierto.
- Obligatoriedad de informe previo del Interventor Municipal.
La Sala del Supremo subraya que “la apariencia de legalidad no sustituye la legalidad real”. Esta frase resume el núcleo del caso: la forma no salva el fondo.
¿Qué otras irregularidades podrían surgir de la investigación?
El Supremo no limita su investigación a la prevaricación. Advierte que la dinámica de facturación detectada —con pagos repetidos, sin servicios verificables y con plazos atípicos— podría apuntar a otras conductas:
- Facturación falsa, tipificada en el artículo 305 del Código Penal.
- Delito de malversación, si se acredita uso indebido de fondos públicos.
- Cohecho pasivo, si se demuestra que las empresas obtuvieron beneficios a cambio de favores.
La Sala deja abierta la posibilidad de ampliar la causa conforme avance la investigación. Esto implica que el diputado podría enfrentar más cargos antes del juicio oral.
Datos Clave
- El caso se inició tras una exposición razonada del Juzgado de lo Penal del Vendrell.
- La investigación cubre ocho años de gestión municipal (2011–2019).
- El Supremo actúa por aforamiento: Alonso Cantorné goza de jurisdicción especial al ser diputado.
- No hay detención ni prisión provisional: la causa está en fase de diligencias previas.
- La Fiscalía Anticorrupción participa en la investigación desde abril de 2026.
El caso de Altafulla no es aislado. En 2025, la Auditoría de Cuentas detectó irregularidades similares en 14 ayuntamientos de Cataluña. El uso abusivo del contrato menor se ha convertido en una vía recurrente para saltarse controles. Su impacto económico supera los 120 millones de euros anuales en contratación opaca, según datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Legalmente, cada vez más tribunales exigen que los municipios justifiquen por escrito cada uso del contrato menor. Prácticamente, esto obliga a digitalizar los procesos y auditarlos en tiempo real. La confianza ciudadana en la gestión local depende de que estas normas se apliquen —no solo se escriban.
