La reciente implementación de nuevas normativas en el ámbito del empleo del hogar ha generado un gran revuelo entre las familias que dependen de estos servicios. Desde el 12 de noviembre de 2025, cerca de 350.000 hogares en España están obligados a realizar una evaluación de riesgos laborales para sus empleadas del hogar. Esta medida, que busca mejorar las condiciones laborales de un colectivo predominantemente femenino y en situación de precariedad, se deriva de un real decreto aprobado hace más de un año. La normativa no solo establece la obligación de evaluar riesgos, sino que también introduce sanciones significativas para aquellos que no cumplan con esta nueva exigencia.
La evaluación de riesgos laborales es un proceso que debe ser llevado a cabo por los empleadores, quienes deben ingresar a una plataforma gratuita diseñada para facilitar esta tarea. En esta plataforma, los empleadores deben proporcionar información sobre su hogar y las tareas que realiza la trabajadora. A partir de esta información, se generará un ‘Plan de prevención de riesgos laborales’, que debe ser firmado por ambas partes y estar disponible para la Inspección de Trabajo en caso de ser requerido. Esta iniciativa no solo busca proteger a las empleadas del hogar, sino que también pretende equiparar sus derechos con los de otros trabajadores del Régimen General.
### La Plataforma de Evaluación de Riesgos: Un Recurso Esencial
La plataforma www.prevencion10.es se ha convertido en una herramienta esencial para los empleadores que buscan cumplir con la nueva normativa. Al acceder a esta plataforma, los empleadores deben completar un cuestionario que incluye preguntas sobre las características del hogar, como la presencia de escaleras o mascotas, así como las tareas específicas que realiza la empleada. Esta evaluación inicial es crucial, ya que permite identificar posibles riesgos y sugiere medidas preventivas que deben ser implementadas para garantizar un entorno de trabajo seguro.
Una vez completada la evaluación, los empleadores recibirán un documento que detalla el plan de prevención de riesgos laborales. Este documento no solo es un requisito legal, sino que también sirve como un compromiso entre el empleador y la empleada para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Además, la plataforma ofrece recursos específicos sobre prevención de riesgos laborales, adaptados a las necesidades de las familias que emplean a trabajadoras del hogar.
El Ministerio de Trabajo ha establecido un servicio de atención telefónica gratuito para ayudar a los empleadores que puedan tener dudas o dificultades al utilizar la plataforma. Este servicio está disponible de lunes a viernes, lo que proporciona un apoyo adicional a las familias que buscan cumplir con sus nuevas obligaciones legales.
### Sanciones por Incumplimiento: Un Aviso Serio
El incumplimiento de esta nueva normativa puede acarrear sanciones económicas significativas. Las multas pueden oscilar entre 2.451 euros y 9.830 euros, y en casos de agravantes, las sanciones pueden elevarse a cifras que van desde 24.000 hasta 49.000 euros. Esta advertencia ha sido emitida por el Ministerio de Trabajo, que enfatiza la importancia de cumplir con las nuevas regulaciones para evitar consecuencias financieras graves.
Los sindicatos han señalado que, aunque estas medidas son un paso en la dirección correcta, aún quedan aspectos importantes por desarrollar. Por ejemplo, el derecho de las trabajadoras a realizarse un reconocimiento médico gratuito cada tres años sigue pendiente de regulación. Además, se espera la implementación de un protocolo de actuación contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral, lo que subraya la necesidad de seguir avanzando en la protección de los derechos de las empleadas del hogar.
La situación actual del empleo del hogar en España es preocupante. Desde 2015, el número de empleadas del hogar registradas en la Seguridad Social ha disminuido más de un 20%, lo que refleja la precariedad de este sector. Las sucesivas subidas de cotizaciones y el aumento del salario mínimo han elevado los costos para las familias, lo que ha llevado a muchas a prescindir de estos servicios. Esta nueva normativa, aunque necesaria, puede ser vista como una carga adicional para un colectivo que ya enfrenta desafíos significativos.
Las familias, muchas de las cuales están compuestas por pensionistas, se encuentran en una encrucijada. Por un lado, la necesidad de cumplir con las nuevas regulaciones para evitar sanciones; por otro, la realidad económica que limita su capacidad para mantener empleadas del hogar. Este dilema pone de manifiesto la necesidad de un enfoque equilibrado que garantice la protección de los derechos de las trabajadoras sin poner en riesgo la viabilidad de los hogares que dependen de sus servicios.
La implementación de estas normativas es un paso hacia la dignificación del trabajo del hogar, un sector que ha sido históricamente desatendido y precarizado. Sin embargo, es fundamental que el Gobierno continúe desarrollando medidas que no solo protejan a las trabajadoras, sino que también apoyen a las familias empleadoras en este proceso de cambio. La colaboración entre ambas partes será clave para lograr un entorno laboral más justo y equitativo en el ámbito del empleo del hogar.
