Una bebé de 14 meses falleció en Sevilla tras sufrir quemaduras en el 60 % de su cuerpo durante un baño presuntamente supervisado por la pareja de su madre. El caso, ocurrido en Bormujos, está bajo investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. La menor estuvo dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío. Su muerte activó protocolos legales y médicos por sospecha de maltrato infantil.
¿Qué pasó exactamente en Bormujos?
El hecho ocurrió en una vivienda de Bormujos, localidad de la provincia de Sevilla. La madre descubrió a su hija con lesiones graves tras escuchar su llanto. Según su testimonio a Canal Sur: «Al primer llanto que escuché, fui al cuarto de baño y encontré a mi hija achicharrada de la cabeza a los pies».
El ingreso hospitalario fue inmediato. Los médicos detectaron quemaduras de tercer grado extensas. El equipo clínico activó el protocolo de alerta por riesgo infantil, obligatorio según el Real Decreto 177/2022.
¿Por qué se descarta un accidente?
La versión de la pareja —que atribuyó los hechos a un descuido— no coincide con los hallazgos médicos y forenses.
Lesiones incompatibles con un accidente doméstico
- Las quemaduras afectaron de forma uniforme zonas no típicas en accidentes por agua caliente (como cuero cabelludo y plantas de los pies).
- No hubo lesiones en las manos ni antebrazos del adulto presente, lo que descarta intento de rescate.
- La profundidad y distribución sugieren exposición prolongada, no contacto breve.
Falta de coherencia en las declaraciones
La madre señaló que, de haber sido accidental, solo se habrían afectado zonas de contacto directo con el agua. Además, el patrón de lesiones no corresponde a salpicaduras ni inmersión parcial.
¿Qué marco legal se aplica en estos casos?
El caso se investiga bajo el artículo 148 del Código Penal, que tipifica el homicidio por imprudencia grave o, en su caso, el homicidio con alevosía si se acredita intención. También se aplica la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.
El juzgado de instrucción número 10 de Sevilla asumió la causa. Se ha solicitado informe pericial del Instituto de Medicina Legal de Andalucía. Además, la Fiscalía de Menores está interviniendo de oficio.
¿Cuál es el impacto social y económico del caso?
Este suceso ha reavivado el debate sobre la capacidad de detección temprana en servicios sociales y atención primaria. En Andalucía, el gasto público en protección infantil ascendió a 127 millones de euros en 2025, pero el número de denuncias por maltrato físico infantil creció un 18 % interanual.
La Asociación Andaluza de Pediatría ha exigido mayor formación en signos de abuso para profesionales de Atención Primaria. También se ha propuesto revisar los protocolos de derivación entre centros de salud y unidades de protección.
Datos Clave
- La menor falleció el viernes 31 de mayo de 2026, tras 62 días de ingreso.
- El 60 % de su superficie corporal presentaba quemaduras de tercer grado.
- La pareja de la madre está investigada como presunta autora; no ha sido detenida, pero sí citada a declarar.
- El caso activó la alerta roja de protección infantil en la Junta de Andalucía.
- No se registraron antecedentes penales previos contra el investigado.
El caso forma parte de una tendencia preocupante: en lo que va de 2026, la Policía Nacional ha abierto 43 investigaciones por lesiones graves a menores en Andalucía, un 22 % más que en el mismo periodo de 2025. La mayoría ocurre en entornos domésticos y bajo la supervisión de adultos no biológicos. La falta de registros unificados entre sanidad, justicia y servicios sociales sigue siendo una brecha crítica para la prevención.
