La situación de las residencias de mayores en Madrid durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 ha vuelto a ser objeto de escrutinio judicial. Tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid han sido citados como investigados en un nuevo procedimiento que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta causa se centra en los fallecimientos ocurridos en estas instituciones durante el periodo crítico de la crisis sanitaria. Las declaraciones están programadas para el próximo 17 de junio, según han confirmado fuentes jurídicas y asociaciones de residencias.
Entre los investigados se encuentran Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Carlos Mur, quien era el director general de coordinación sociosanitaria en marzo de 2020, es señalado por haber firmado los protocolos que prohibían la derivación hospitalaria de los residentes enfermos. Por su parte, Javier Martínez Peromingo, que asumió el cargo de Mur en mayo de 2020, era el geriatra responsable de 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles. Pablo Busca, como director gerente del Summa 112, tenía bajo su responsabilidad la gestión de ambulancias durante la crisis.
Las acusaciones que enfrentan estos ex altos cargos se basan en el artículo 511 del Código Penal, que tipifica la denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Este aspecto es crucial, ya que se argumenta que las decisiones tomadas en ese momento contribuyeron a un alto número de muertes entre los residentes. Las asociaciones de familiares de las víctimas han sido vocales en su demanda de justicia, afirmando que las ambulancias desempeñaron un papel fundamental en la atención a los enfermos, pero que su intervención fue limitada debido a las decisiones administrativas.
El contexto de esta investigación es aún más complejo, ya que no se origina a partir de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de los residentes fallecidos. Esto subraya la creciente presión social y política para que se esclarezcan las responsabilidades en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias.
**Testigos Clave en el Proceso Judicial**
Además de los ex altos cargos, el 3 de junio se espera la declaración de varios testigos relevantes. Entre ellos se encuentra Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien ha sido crítico con los protocolos implementados durante la pandemia. Reyero dimitió en mayo de 2020, en medio de la controversia sobre la gestión de las residencias, y su testimonio podría arrojar luz sobre las decisiones tomadas en el seno del Gobierno regional.
Otros testigos incluyen a Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Antonio Burgueño, asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para la lucha contra la pandemia. La presencia de estos testigos es significativa, ya que podrían ofrecer perspectivas sobre la coordinación entre el sector público y privado en la atención a los mayores durante la crisis.
Las declaraciones de los testigos, junto con las de los ex altos cargos, son vistas como un paso crucial para determinar las responsabilidades en la gestión de la crisis. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha expresado su esperanza de que este proceso judicial permita a la ciudadanía conocer quiénes fueron los responsables de los protocolos que llevaron a la muerte de miles de personas sin la debida asistencia sanitaria. La presión política sobre la presidenta Ayuso y su administración se intensifica, con llamados a que asuma su parte de responsabilidad en lo que muchos consideran una gestión fallida.
**Reacciones Políticas y Sociales**
La noticia de la apertura de esta segunda causa ha sido recibida con satisfacción por parte de la oposición en la Comunidad de Madrid. La portavoz de Más Madrid ha planteado interrogantes sobre si los ex altos cargos asumirán la responsabilidad total o si intentarán desviar la culpa hacia otros niveles de la administración. Esta dinámica de búsqueda de culpables es común en situaciones de crisis, donde la presión pública y política puede influir en el desarrollo de los procesos judiciales.
Mónica García, líder de Más Madrid y actual ministra de Sanidad, ha advertido que la presidenta Ayuso no puede evadir su responsabilidad en el abandono de los residentes durante la pandemia. La gestión de la crisis sanitaria ha sido un tema candente en la política madrileña, y este nuevo desarrollo judicial podría tener repercusiones significativas en el futuro político de los implicados.
La situación en las residencias de mayores durante la pandemia sigue siendo un tema de gran relevancia social y política. A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las decisiones que llevaron a la trágica pérdida de vidas y que se establezcan las responsabilidades correspondientes. La búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias continúa siendo una prioridad para muchas organizaciones y ciudadanos que claman por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la crisis sanitaria.
