El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en febrero de 2026 dejó tres fallecidos y decenas de viviendas destruidas. La tragedia reveló graves deficiencias en la gestión preventiva. No existía un Plan Local de Emergencia por Incendio Forestal (Pleif) vigente. Tampoco había un Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) aprobado. Ambos son obligatorios bajo la normativa andaluza.
¿Por qué falló la prevención en Los Gallardos?
El municipio figura oficialmente en el apéndice del Plan Infoca como zona de peligro de incendios forestales. Casi todo su término está clasificado así. Sin embargo, carecía de un Pleif actualizado. Este documento no es opcional: regula la evacuación, los sistemas de aviso y la coordinación con Infoca.
La ausencia de un Pleif vigente impidió activar protocolos estandarizados. No hubo simulacros recientes. No se identificaron rutas seguras de salida. Muchas viviendas están dispersas en barrancos, con caminos sin salida: verdaderas ratoneras en caso de emergencia.
Falta de autoprotección municipal
La Ley 2/2004 de Andalucía exige a los ayuntamientos con territorio catalogado como zona de peligro tener planes de autoprotección. Los Gallardos no los tenía. Tampoco Bédar ni otros municipios afectados. Esto debilitó la respuesta inicial y retrasó la evacuación.
¿Qué dice la ley andaluza sobre los planes de emergencia?
El Pleif debe revisarse cada cuatro años. Debe integrarse con el Plan Infoca, el sistema de alerta temprana y los recursos de Protección Civil. Su aprobación requiere informe técnico, participación ciudadana y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La no actualización no es un mero retraso administrativo. Es una infracción sancionable. El artículo 42 de la Ley 2/2004 prevé multas de hasta 600.000 euros por incumplimiento grave. Además, puede derivar en responsabilidad patrimonial si se demuestra nexo causal con daños evitables.
¿Qué pasa si no hay PTEL?
El PTEL es el marco general de respuesta ante cualquier emergencia: incendios, inundaciones o olas de calor. Su ausencia impide asignar roles claros a los técnicos municipales, coordinar con bomberos o activar refugios. En Los Gallardos, el PTEL estaba solo en fase de redacción. No había sido aprobado ni sometido a evaluación pública.
¿Cuál es el impacto económico real de estos fallos?
El incendio destruyó 1.200 hectáreas de matorral y pinar. Dañó infraestructuras clave: carreteras secundarias, redes eléctricas y sistemas de riego. El coste estimado supera los 22 millones de euros. El 70 % corresponde a pérdidas indirectas: caída de turismo rural, paralización de explotaciones agrícolas y pérdida de valor inmobiliario en zonas de alto riesgo.
Además, la Junta de Andalucía destinó 4,8 millones en ayudas de emergencia. Pero no cubren la reconstrucción de viviendas sin licencia urbanística. Muchas construcciones afectadas carecían de certificación de riesgo obligatoria desde 2022.
¿Qué cambios exige el contexto actual del cambio climático?
La sequía prolongada y las olas de calor extremo han incrementado la clase de peligro en el 87 % de los municipios de Almería. Los modelos del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía (CECA) prevén un aumento del 40 % en la frecuencia de incendios mayores para 2030.
Esto exige actualizar los planes no cada cuatro años, sino anualmente. También obliga a integrar datos de sensores remotos, mapas de vegetación inflamable y simulaciones de propagación con IA. La normativa actual no contempla estos avances técnicos.
Datos Clave
- Los Gallardos está clasificado al 98 % como zona de peligro de incendios forestales.
- El Pleif es obligatorio desde 2004 y debe revisarse cada 4 años.
- El PTEL de Los Gallardos estaba en redacción, no aprobado, al momento del incendio.
- La falta de planes locales puede derivar en responsabilidad patrimonial del ayuntamiento.
- El coste económico directo del incendio superó los 22 millones de euros.
El incendio de Almería no fue un accidente aislado. Fue la consecuencia previsible de la desatención normativa. La ley existe. Los instrumentos técnicos también. Lo que falta es voluntad política para aplicarlos con rigor y prioridad.
