El 1 de enero de 2026, Israel implementó un veto que afecta a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que operan en Gaza y Cisjordania. Esta decisión obliga a los trabajadores extranjeros de estas organizaciones a abandonar la Franja de Gaza antes del 1 de marzo, un plazo que el Gobierno israelí ha establecido para que cesen sus actividades. La medida ha sido justificada por el Ejecutivo israelí bajo el argumento de que estas ONG no completaron un proceso de registro que fue aprobado en marzo de 2025, un proceso que ha sido objeto de críticas por parte de las propias organizaciones involucradas.
El proceso de registro, que Israel argumenta que es necesario por razones de seguridad, incluye la obligación de las ONG de proporcionar información sensible al Gobierno israelí, como los nombres de todos sus empleados. Este requisito ha generado preocupación entre las organizaciones, que temen que la divulgación de esta información pueda poner en riesgo a su personal y a las comunidades a las que sirven.
### ONG Afectadas y Consecuencias Humanitarias
Las 37 ONG afectadas provienen de 16 países, incluyendo España, Estados Unidos, Japón, Suiza y el Reino Unido. Entre ellas se encuentran organizaciones de renombre como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM y Cáritas. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la provisión de servicios humanitarios en Gaza, donde la situación es extremadamente precaria. La población de Gaza, que asciende a aproximadamente dos millones de personas, ha estado sufriendo las consecuencias de un conflicto prolongado, que ha dejado alrededor del 80% de la infraestructura de la región dañada o destruida.
MSF ha expresado su preocupación por el impacto que tendrá el cierre de estas ONG en la atención sanitaria de la población. La coordinadora de emergencias de MSF para Gaza, Claire San Filippo, ha denunciado las acusaciones de Israel sobre la presencia de “terroristas” entre su personal, afirmando que tales afirmaciones son infundadas y ponen en riesgo el trabajo humanitario. La organización ha advertido que la suspensión de sus operaciones dejará a cientos de miles de personas sin acceso a atención médica y servicios esenciales, lo que podría resultar en una crisis humanitaria aún más profunda.
Cáritas Jerusalén, por su parte, ha declarado que continuará operando en los territorios palestinos, ya que es una entidad reconocida por Israel en un acuerdo con la Santa Sede. Sin embargo, la mayoría de las otras organizaciones afectadas han alertado sobre las consecuencias “catastróficas” que su suspensión tendrá sobre la población de Gaza. Estas ONG son responsables de gestionar la mayoría de los hospitales de campaña, centros de atención primaria, servicios de agua y saneamiento, y programas de nutrición para niños con desnutrición aguda.
### Reacciones Internacionales y Críticas a la Medida
La decisión de Israel ha suscitado una ola de críticas tanto a nivel internacional como local. Organizaciones de la ONU y diversas ONG han calificado las suspensiones de “intolerables” y han instado a Israel a reconsiderar su postura. La Unión Europea, a través de su comisaria de Gestión de Crisis, ha condenado la medida y ha instado a Israel a levantar las barreras que impiden la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha calificado las suspensiones de arbitrarias y ha señalado que empeoran una situación ya crítica para la población de Gaza.
El grupo islamista Hamás, que controla la parte de Gaza no ocupada por Israel, ha denunciado la medida como un “flagrante desprecio a la comunidad internacional y al sistema de trabajo humanitario”. La Autoridad Palestina, que gobierna las áreas de Cisjordania no controladas por Israel, ha destacado que esta decisión parece tener como objetivo evitar que haya testigos de las acciones israelíes en la región.
Un grupo de diez países, incluyendo Canadá, Dinamarca, Francia y el Reino Unido, ha expresado su grave preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que ya es catastrófica. Estos países han advertido que si se detienen las operaciones de las organizaciones afectadas, uno de cada tres centros sanitarios en Gaza podría cerrar, lo que tendría un impacto devastador en la salud de la población.
La situación en Gaza es un reflejo de la complejidad del conflicto israelo-palestino, donde las decisiones políticas tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. La retirada de licencias a estas ONG no solo afecta a las organizaciones en sí, sino que también pone en riesgo la vida y el bienestar de la población civil que depende de sus servicios. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de encontrar formas efectivas de apoyar a la población de Gaza en medio de un entorno cada vez más restrictivo y peligroso para la acción humanitaria.
