El Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno Bonilla enfrenta su prueba más exigente antes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026. Tras una sucesión de crisis —el fallo en el cribado del cáncer de mama, el accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones por la borrasca Leonardo—, el 73,1% de los andaluces aprueba, al menos parcialmente, su gestión en los últimos cuatro años.
¿Qué dice la opinión pública sobre la gestión del Gobierno andaluz?
Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con 6.016 entrevistas realizadas entre el 12 y el 26 de marzo de 2026, revela que el 40,2% de los andaluces califica como buena o muy buena la actuación del Ejecutivo regional. Otro 32,9% la considera regular. Solo el 26,9% la valora como mala o muy mala.
Esta percepción se traduce en una puntuación media de 5,79 sobre 10 para Moreno Bonilla. Es la más alta entre los líderes políticos andaluces. Su principal rival, María Jesús Montero, obtiene 3,93 —una brecha de casi dos puntos—. El bajo reconocimiento de su figura y el alto voto negativo explican su desventaja.
¿Quiénes son los líderes mejor valorados en Andalucía?
- Juanma Moreno Bonilla: 5,87 (PP)
- José Ignacio García: 4,82 (Adelante Andalucía)
- Antonio Maíllo: 4,73 (Izquierda Unida)
- Manuel Gavira: 3,32 (Vox)
Los líderes de izquierda, aunque menos conocidos, acumulan menos rechazo. Esto sugiere que la valoración no depende solo de la gestión, sino también del nivel de exposición mediática y de la polarización electoral.
¿Cuáles son las prioridades reales de los andaluces tras las crisis recientes?
El 26,5% de los encuestados señala la sanidad pública como la principal área donde el Gobierno debe actuar. Le sigue la prevención de riesgos naturales, especialmente tras las inundaciones de febrero. Estas dos áreas concentran más del 45% de las respuestas sobre prioridades.
¿Qué impacto económico tienen estas crisis en la región?
Las inundaciones de febrero afectaron a más de 120 municipios. Se estiman pérdidas superiores a 650 millones de euros en infraestructuras, agricultura y turismo. El Plan de Recuperación de la Junta incluye 320 millones de euros en fondos propios y europeos, pero el 58% de los afectados considera insuficiente la respuesta financiera.
El fallo en el cribado del cáncer de mama generó costes adicionales de 112 millones de euros, según la Consejería de Salud. También provocó una caída del 14% en la confianza ciudadana en los programas de detección precoz.
¿Qué marco legal regula la actuación del Gobierno andaluz ante emergencias?
La Ley 2/2004 de Protección Civil de Andalucía establece que la Junta debe activar el Plan Especial de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) ante riesgos previsibles. Sin embargo, el informe del CIS señala que el 61% de los ciudadanos cree que el plan no se aplicó con suficiente anticipación durante la borrasca Leonardo.
Además, la Ley 10/2022 de Salud Pública de Andalucía obliga a garantizar la calidad y continuidad de los programas de cribado. El fallo en el cáncer de mama evidenció lagunas en los protocolos de auditoría interna y en la trazabilidad de resultados.
¿Qué datos clave resumen la situación actual?
- El 40,9% de los andaluces prefiere a Juanma Moreno Bonilla como presidente tras las elecciones.
- La sanidad pública es la prioridad número uno para el 26,5% de la población.
- Las inundaciones de febrero causaron daños por más de 650 millones de euros.
- El fallo en el cribado del cáncer de mama afectó a más de 180.000 mujeres.
- El 58% de los afectados por las inundaciones considera insuficiente la respuesta financiera de la Junta.
- La puntuación media de María Jesús Montero es 3,93 —la más baja entre los líderes principales.
El contexto actual muestra una paradoja: una alta aprobación generalizada de la gestión, pero con una percepción crítica en áreas clave como la sanidad y la gestión de emergencias. Esta dualidad define el escenario electoral. Los votantes no castigan la gestión en bloque, pero sí exigen respuestas concretas en los ámbitos donde falló la administración. La capacidad del Gobierno para articular una narrativa de recuperación, respaldada por acciones legales y económicas verificables, será determinante en los próximos 35 días.
