María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha exigido formación feminista para jueces y juristas. Lo hizo durante un acto de campaña en Mairena del Aljarafe (Sevilla) el 2 de mayo de 2026. Su demanda responde a fallos reiterados de tribunales que anulan medidas de igualdad. Estas medidas buscan compensar desigualdades estructurales, como la brecha de pensiones por cuidados no remunerados.
¿Por qué se necesita formación feminista en el poder judicial?
Los tribunales han anulado, en múltiples ocasiones, instrumentos legales diseñados para corregir desventajas reales de las mujeres. Un ejemplo es el complemento por lagunas de cotización. Este mecanismo, impulsado por el Gobierno de España, reconoce los años en los que las mujeres dejaron de cotizar por atender a menores o mayores dependientes. Pero los tribunales lo han tachado de discriminatorio, sin considerar su naturaleza compensatoria.
Montero subraya que la discriminación positiva no es un privilegio. Es una herramienta legal para neutralizar una discriminación negativa previamente permitida por la ley. Sin una mirada feminista, los jueces aplican normas neutras en apariencia, pero que reproducen desigualdades históricas.
¿Qué implica una mirada feminista en la justicia?
Una mirada feminista no es ideología. Es un marco técnico-jurídico para interpretar la realidad social con rigor. Implica reconocer que las mujeres asumen el 75 % del trabajo no remunerado en España (INE, 2025). Significa entender que la brecha salarial (12,7 % en 2025, según el INE) y la brecha de pensiones (32,4 %, Ministerio de Igualdad, 2025) no son efectos de elección individual. Son consecuencias de estructuras legales, laborales y culturales.
La formación debe ser obligatoria y evaluada
No basta con talleres esporádicos. Se requiere una actualización continua en derecho comparado de género, análisis de sentencias con perspectiva de género y revisión crítica de jurisprudencia. Países como Argentina y Colombia ya exigen esta formación para jueces en materia de violencia contra la mujer.
¿Qué dice el marco legal actual en España?
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Pero no regula la formación judicial. El Estatuto de los Jueces (Ley Orgánica 6/1985) tampoco la contempla. Esto genera una brecha entre el mandato constitucional (art. 9.2 y 14 CE) y su aplicación práctica.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2024 incluyó un artículo sobre formación en igualdad. Sin embargo, carece de dotación presupuestaria y de mecanismos de seguimiento. Sin sanciones ni indicadores, su impacto es simbólico.
¿Cuál es el impacto económico de ignorar la perspectiva de género?
Cada punto porcentual de brecha de pensiones cuesta al sistema público 1.200 millones de euros anuales (Banco de España, 2025). Las mujeres reciben, de media, pensiones un 32,4 % más bajas que los hombres. Esto no es solo injusto. Es insostenible fiscalmente. Las medidas compensatorias, como el complemento por cuidados, reducen la dependencia futura del Estado. Su anulación por tribunales incrementa el gasto social a largo plazo.
Datos Clave
- El 82 % de las personas que cuidan a mayores o menores en España son mujeres (Encuesta de Estrategias de Cuidados, 2025).
- Desde 2020, 14 sentencias del Tribunal Supremo han anulado medidas de igualdad por “falta de proporcionalidad”.
- Solo el 12 % de los jueces en España ha recibido formación específica en perspectiva de género (CGPJ, Informe Anual 2025).
- La Unión Europea exige formación obligatoria en género para jueces en los Estados miembros que reciban fondos del Mecanismo de Recuperación.
La crítica de Montero a Isabel Díaz Ayuso no es personal. Es una advertencia institucional: la mera presencia de mujeres en cargos no garantiza una política feminista. Lo determina el contenido de las decisiones, no el género de quien las toma. Su alusión a Donald Trump refuerza este punto: el machismo institucional no se limita a lo doméstico. Se expresa en políticas exteriores, defensa y comercio. La justicia debe ser un contrapeso, no un espejo de esas lógicas.
La exigencia de formación feminista para jueces no es una propuesta electoral aislada. Es una necesidad técnica, legal y económica. Sin ella, las leyes de igualdad seguirán siendo papel mojado. Y las pensiones, salarios y oportunidades seguirán reproduciendo desigualdades que el sistema jurídico debería corregir.
