El diputado de Vox José María Sánchez fue expulsado del pleno del Congreso el 14 de abril de 2026 tras subir dos veces a la tribuna sin autorización y enfrentarse verbalmente con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis. El incidente ocurrió durante el debate de una proposición no de ley sobre la quema de libros en la dictadura franquista. La alteración del orden generó un conflicto institucional con repercusión mediática y jurídica inmediata.
¿Qué establece el Reglamento del Congreso sobre la expulsión de diputados?
El Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 103, autoriza al presidente a expulsar a un parlamentario que altere gravemente el orden del pleno. La medida requiere que el diputado haya sido previamente advertido y que persista en su conducta. En este caso, Sánchez recibió dos llamamientos al orden: uno de la presidenta Francina Armengol y otro de Gómez de Célis.
La expulsión no implica sanción disciplinaria permanente. Es una medida cautelar y temporal. El diputado puede regresar al hemiciclo tras la sesión, salvo que se acuerde una sanción adicional por la Mesa o la Junta de Portavoces.
¿Es la primera vez que ocurre algo así en la XII Legislatura?
No. En los últimos tres años se han registrado al menos cuatro incidentes similares: dos en 2024 y dos en 2025. Todos involucraron a diputados de partidos de la oposición y estuvieron vinculados a debates sobre memoria histórica, reforma electoral o presupuestos. Sin embargo, esta es la primera expulsión con enfrentamiento físico simbólico (subida a la tribuna) y sin mediación previa de la Mesa.
¿Qué consecuencias tiene para la inmunidad parlamentaria?
La inmunidad parlamentaria protege a los diputados de procesos penales por sus opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Pero no ampara conductas que violen el orden interno del Congreso. La expulsión es una sanción reglamentaria, no penal. No afecta la inmunidad sustantiva, pero sí puede derivar en una investigación de la Comisión de Ética si se acreditan faltas graves.
El artículo 105 del Reglamento prevé la posibilidad de retirar la palabra a un diputado por hasta cinco sesiones. Hasta ahora, esa sanción no se ha aplicado en este caso.
¿Cómo afecta este episodio al debate sobre memoria histórica?
El incidente se produjo durante la discusión de una proposición no de ley del PSOE para documentar la quema de libros durante el golpe de Estado de 1936 y la dictadura. El tema reabre tensiones sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y su ejecución en archivos, bibliotecas y centros educativos. La expulsión desvió la atención del contenido de la propuesta hacia la forma del debate.
¿Qué impacto económico y político tiene una expulsión parlamentaria?
Una expulsión no genera costes directos, pero sí costes institucionales. El Congreso destinó 12.400 euros en 2025 a mediación parlamentaria y formación en protocolo. Incidentes como este incrementan la demanda de recursos para prevención de conflictos.
Desde el punto de vista político, el episodio refuerza la percepción de polarización institucional. Un estudio de la Fundación Alternativas (marzo 2026) señala que el 68 % de los ciudadanos considera que el nivel de respeto entre partidos ha disminuido en los últimos dos años.
¿Qué marco legal regula el comportamiento en el hemiciclo?
Además del Reglamento del Congreso, rigen:
- La Constitución Española, artículo 71: garantiza la libertad de expresión parlamentaria, pero no la impunidad ante el desorden.
- La Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General: establece que los diputados deben ejercer su cargo con dignidad y respeto a las instituciones.
- El Código de Conducta de los Diputados, aprobado en 2023: exige evitar expresiones que menoscaben la dignidad de otros parlamentarios.
Datos Clave
- La expulsión se basó en el artículo 103 del Reglamento del Congreso.
- Sánchez fue advertido dos veces antes de ser retirado del hemiciclo.
- El incidente ocurrió durante el debate de una proposición no de ley sobre memoria histórica.
- No se activó la Comisión de Ética, pero su intervención es posible en los próximos 15 días.
- El diputado de ERC Jordi Salvador reconoció haber reaccionado de forma desproporcionada, aunque negó haber usado los insultos atribuidos.
- La Mesa del Congreso tiene plazo hasta el 28 de abril para decidir si abre expediente disciplinario.
