En una reciente comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un ambicioso plan de inversiones en defensa que busca alcanzar el 2% del PIB en este sector. Este plan, que se remitió a la OTAN y la Unión Europea, incluye la adquisición de un nuevo buque de aprovisionamiento para asistencia en combate, así como diversas vías de financiación que se basan en ahorros derivados de la deuda pública. En total, se prevé destinar casi 10.500 millones de euros para el año 2025, de los cuales 2.819 millones provendrán de la “menor necesidad de fondo de liquidez AATT por salida de las CCAA a los mercados” y de “menores necesidades de amortización y mejor comportamiento del déficit público”.
Uno de los elementos más destacados de este plan es la adquisición de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate, que reemplazará al BAC Patiño, el cual ha quedado obsoleto desde su adquisición en 1995. El coste estimado de este nuevo buque es de 100 millones de euros. Además, se contempla el desarrollo de nuevos vehículos de cadenas, la modernización de aviones de combate y la actualización de las fragatas de la clase “Álvaro de Bazán”, para lo cual se destinarán 225 millones de euros.
El plan también incluye una significativa inversión de 928 millones de euros en proyectos destacados como un simulador de paracaidismo y un sistema de entrenamiento integrado para las fuerzas armadas. Asimismo, se prevé un refuerzo de las capacidades en guerra electrónica, diseño de POD para combate aéreo y sistemas de identificación avanzada (IFF) para helicópteros. Para el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), que garantiza comunicaciones seguras, se destinarán 350 millones de euros, mientras que otros 338 millones se invertirán en la modernización de los sistemas de control de la batalla aérea en tiempo real. En total, las nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad representarán un coste de 3.262 millones de euros.
La sección del plan dedicada a ‘Instrumentos de defensa y disuasión’ representa casi el 19% del total, y a ella se le han presentado objeciones formales por parte del partido Sumar en el Consejo de Ministros. Esta sección incluye, además del nuevo buque de aprovisionamiento, un vehículo de cadenas multipropósito que reemplazará el Transporte Oruga Acorazado (TOA) por un coste de 200 millones de euros, así como la adquisición de un sistema Obus Autopropulsado (ATP) de ruedas, que sustituirá al Obus ATP de cadenas M-109 A5 del Ejército de Tierra, con una inversión de 300 millones. También se prevé un incremento de la reserva de munición y explosivos correspondiente a los Ejércitos y Armada, por un valor de 565 millones de euros.
En el marco del apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales, el plan contempla el desarrollo de un Buque Hidrográfico Oceánico por 60 millones de euros, la adquisición de un vehículo lanzapuente por 116 millones y un helicóptero multipropósito por 50 millones. Además, se incluyen aportaciones para la gestión de emergencias y el apoyo a Ucrania, con un total de 232 millones de euros. Este apartado contempla gastos operativos y logísticos, así como la financiación de equipamiento defensivo y asistencia sanitaria para Ucrania.
El Gobierno ha enfatizado que el objetivo de este plan no es ampliar las capacidades militares, sino modernizarlas para hacerlas más eficaces y seguras. En este sentido, se ha reiterado que España no se sumará a ninguna escalada armamentística, en línea con lo defendido desde el inicio del plan de rearme de la Unión Europea.
Otro aspecto relevante del plan es el incremento del presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que se destinarán 106 millones de euros para reforzar su área de ciberseguridad y cooperación internacional. Esta inversión se complementará con una partida específica de 376 millones para el Centro Criptológico Nacional, que se enfocará en potenciar la ciberseguridad mediante inteligencia artificial y análisis de datos, así como en la mejora de infraestructuras y telecomunicaciones.
En cuanto a la financiación del plan, Pedro Sánchez ha asegurado que no afectará al déficit ni al Estado de bienestar, y que no implicará subidas de impuestos. Para ello, se recurrirá principalmente a remanentes y ahorros por pago de la deuda, así como a fondos del plan de recuperación. Se destinarán 1.744 millones de créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores, 1.680 millones de reintegros de préstamos concedidos en años anteriores y 641 millones de menores anualidades por aportaciones de la UE. También se utilizará el Fondo de Contingencia, del cual se sustraerán 1.395 millones de euros para salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, y se destinarán 1.357 millones de euros del fondo de recuperación por la pandemia para financiar la ciberseguridad.
