Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera y actual jefe de gabinete de Salvador Illa, está bajo investigación judicial por presunta malversación de fondos públicos. El juzgado de Martorell lo incluyó formalmente en una causa abierta tras una operación de los Mossos d’Esquadra en enero de 2026. El caso afecta a contratos entre el Ayuntamiento y la Fundación para la Inclusión Social (FIL), entidad que emplea a personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad.
¿Qué se investiga exactamente en el caso de Esparreguera?
La investigación se centra en la posible desviación de dinero público destinado a contratos con la FIL. Según fuentes judiciales, parte de esos fondos habrían financiado gastos privados de personas vinculadas a la fundación. El gerente de la FIL y su esposa —ambos detenidos— prestaban servicios a la entidad. No hay acusaciones formales contra Rivas, pero su teléfono móvil sigue incautado desde enero, sin devolución ni explicación técnica clara.
El papel de los contratos públicos con entidades sociales
Los contratos con fundaciones sociales están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. Cualquier desvío de fondos destinados a inclusión laboral vulnera tanto el principio de legalidad como el de transparencia. La FIL recibió subvenciones públicas para generar empleo real, no para cubrir gastos personales.
¿Por qué el secreto de sumario dificulta la defensa?
El juez mantiene la causa bajo secreto de sumario, lo que impide a Rivas conocer los hechos concretos que se le atribuyen. Su abogado presentó un escrito para exigir claridad. Esta situación genera tensión entre el derecho a la defensa y la necesidad de preservar la integridad de la investigación. En la práctica, el secreto prolongado puede dañar la reputación sin posibilidad de réplica.
El impacto en la confianza institucional
Cuando un alto cargo de la Generalitat está implicado, el caso trasciende lo local. Afecta la percepción ciudadana sobre la gestión de fondos destinados a colectivos vulnerables. El 72 % de los contratos sociales en Cataluña dependen de subvenciones públicas. Cualquier sospecha de irregularidad erosiona la credibilidad del sistema de empleo protegido.
¿Qué dice la ley sobre la incautación de dispositivos móviles?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza la retención de teléfonos si son prueba relevante. Pero exige proporcionalidad y plazos razonables. Tres meses sin devolución ni informe técnico violan el artículo 579.2 del reglamento procesal. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó la investigación, pero no justificó la duración de la medida.
La responsabilidad política del jefe de gabinete
Aunque Rivas no firmó los contratos, su cargo como exalcalde implica responsabilidad de supervisión. La Ley de Régimen Local exige control sobre la ejecución de fondos municipales. Su actual rol en la Presidència exige aún más rigor: cualquier duda sobre su integridad afecta directamente la gobernabilidad del Ejecutivo catalán.
¿Cómo afecta esto al marco económico y social?
- El presupuesto anual de la FIL supera los 1,2 millones de euros, financiados en un 85 % con fondos públicos.
- Cada euro desviado reduce la inversión real en empleo inclusivo, con impacto directo en 142 personas atendidas.
- El caso ha generado una revisión urgente de 37 contratos similares en el Baix Llobregat.
- La Generalitat ha activado un protocolo de auditoría externa para todas las fundaciones con subvenciones superiores a 500.000 €.
Datos Clave
- El juzgado de Martorell confirmó la investigación el 21 de abril de 2026.
- Tres personas fueron detenidas: el gerente de la FIL, su esposa y un tercero vinculado.
- El teléfono de Rivas lleva 90 días incautado sin informe técnico ni devolución.
- La FIL opera bajo el régimen de empleo con apoyo, regulado por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Integración Social.
- Salvador Illa mantiene la confianza en Rivas, pero exige “máxima transparencia y celeridad”.
El caso de Esparreguera no es aislado. En 2025, la Sindicatura de Cuentas detectó irregularidades en el 18 % de los contratos sociales auditados en Cataluña. La presión por resultados rápidos en empleo inclusivo no justifica saltarse controles. La gestión ética de fondos públicos sigue siendo el estándar no negociable para cualquier cargo político. La confianza ciudadana se construye con hechos, no con declaraciones.
