La reciente decisión del Ayuntamiento de Barcelona de excluir 16 proyectos de los presupuestos participativos ha generado un fuerte descontento entre diversas entidades vecinales. Estas organizaciones han expresado su indignación al considerar que sus propuestas han sido objeto de un «bloqueo» por parte de las autoridades municipales. La votación final de los proyectos se llevará a cabo entre el 12 y el 17 de mayo, y las quejas han sido formalmente presentadas ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Las asociaciones vecinales han denunciado que varios de los proyectos que habían presentado han sido «rebajados o modificados» por los técnicos del Ayuntamiento, lo que ha llevado a algunos promotores a retirar sus propuestas en señal de protesta. Entre las iniciativas que no han logrado avanzar se encuentran la prolongación del eje verde de la calle Girona, que tenía como objetivo conectar con el barrio de Gràcia, y la recuperación de la playa del Eixample, un espacio que se había planteado como un área de esparcimiento y recreación.
Otro de los proyectos que ha suscitado críticas es el de la avenida de Roma, donde se proponía repensar el espacio peatonal entre las calles València, Comte d’Urgell y Comte Borrell para crear una gran área de juegos. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ha sido una renovación integral del parque infantil existente, lo que ha decepcionado a los impulsores de la propuesta original. Además, la pacificación de los entornos escolares, como el de la escuela Ferran Sunyer, ha sido objeto de críticas, ya que se ha informado que solo se realizarán «actuaciones mínimas» en lugar de las mejoras solicitadas.
Las entidades vecinales que han alzado la voz en este asunto incluyen a la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Eixample Respira y el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), entre otras. Estas organizaciones han solicitado al Consistorio que aclare el «estado real» de los proyectos y que revise los mecanismos de los presupuestos participativos, argumentando que no deberían ser utilizados como un filtro para acceder a derechos previamente comprometidos. Marie Pierre Caire, una activista y cuidadora que ha impulsado la creación de parques accesibles, ha cuestionado por qué un proyecto ya aprobado y anunciado ahora depende de una votación ciudadana.
En contraste, algunos proyectos han logrado avanzar a la fase final de votación. Uno de ellos es la ampliación del parque infantil Elisa Antonella, ubicado en el distrito de Gràcia. Este parque formaba parte de un concurso impulsado por el Ayuntamiento para la creación de diez parques totalmente accesibles, lo que ha generado expectativas positivas entre los vecinos. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de otros proyectos sigue latente.
La votación final se llevará a cabo en la plataforma decidim.barcelona, donde se habilitarán más de 230 puntos de apoyo presenciales para facilitar la participación de los ciudadanos. Podrán votar todas las personas empadronadas en la ciudad mayores de 14 años, quienes tendrán la oportunidad de decidir sobre la asignación de los 30 millones de euros destinados a los presupuestos participativos.
Desde el Ayuntamiento, se ha explicado que los 237 proyectos que han llegado a la fase final son el resultado de un proceso de «priorización ciudadana» que se llevó a cabo entre el 10 y el 19 de marzo. Durante los meses de marzo y abril, se realizaron reuniones de trabajo con los equipos impulsores de los proyectos priorizados para discutir los diferentes condicionantes y concretar los detalles, así como el importe definitivo de cada propuesta. Sin embargo, la exclusión de los 16 proyectos ha sido justificada por el Ayuntamiento con argumentos que van desde la existencia de intervenciones ya previstas hasta incompatibilidades técnicas y normativas.
El descontento de las entidades vecinales refleja una creciente preocupación por la transparencia y la efectividad de los procesos participativos en la ciudad. A medida que se acerca la fecha de votación, la presión sobre el Ayuntamiento para que escuche las demandas de los ciudadanos y respete sus propuestas se intensifica. La situación actual plantea un desafío importante para la administración local, que deberá encontrar un equilibrio entre las necesidades de los vecinos y las limitaciones técnicas y presupuestarias que enfrenta.
