La Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) enfrenta una fuerte crítica por el uso de fondos públicos en producciones con escasa audiencia y alto coste. El PSPV denuncia irregularidades en la gestión de À Punt, especialmente en contratos como El Debat y Va de Bo. La falta de transparencia, el incumplimiento de cláusulas de evaluación y la ausencia de control presupuestario afectan directamente a los contribuyentes valencianos.
¿Por qué el coste de El Debat ha generado alarma política?
El programa presentado por Toni Cantó, cancelado tras solo ocho emisiones, consumió 621.568,79 € de fondos públicos. Ese monto equivale a 77.000 € por emisión, o casi 400 € por minuto de emisión. La portavoz socialista Mercedes Caballero subrayó que el fracaso no fue técnico ni coyuntural: fue estructural. El programa careció de audiencia, generó polémicas recurrentes y no cumplió con los objetivos de servicio público ni de representación territorial.
Falta de paridad y deslocalización de contenidos
El casting y la gestión de colaboradores absorbieron 36.000 € adicionales, pese a que el programa mostró ausencia de paridad de género y una clara sobrerrepresentación de tertulianos no residentes en la Comunitat Valenciana. Esto contradice los principios de identidad cultural, promoción del talento local y equidad territorial, establecidos en la Ley 10/2018 de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
¿Qué revela la ampliación de Va de Bo sobre la gestión de À Punt?
A pesar de registrar audiencias mínimas, el espacio Va de Bo fue ampliado por la dirección de À Punt. Esta decisión desafía los criterios de eficiencia y rendición de cuentas exigidos a los organismos públicos. No se aplicaron cláusulas de rescisión ante bajo desempeño, ni se evaluó su impacto social o cultural.
Ausencia de mecanismos de control previo
La falta de programas piloto, cláusulas de evaluación objetiva y informes de impacto previos a la contratación evidencia una gestión alejada de los estándares de buena administración. La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público exige que los contratos públicos incluyan indicadores medibles de cumplimiento. En este caso, no se aplicaron.
¿Cómo afecta esto al presupuesto de la CACVSA y a los ciudadanos?
Los recursos destinados a producciones fallidas reducen la inversión en contenidos de calidad, formación de profesionales locales y digitalización de servicios. En 2025, el presupuesto de la CACVSA ascendió a 82,3 millones de euros, financiados íntegramente con fondos públicos. Cada euro mal invertido en espacios sin retorno social debilita la credibilidad del servicio público audiovisual.
Impacto económico real
- 621.568,79 € gastados en El Debat.
- 36.000 € en casting y gestión de colaboradores sin criterios de representación.
- 77.000 € por emisión de un programa cancelado por fracaso.
- 400 € por minuto de emisión en un espacio sin audiencia ni impacto.
- Cero informes públicos sobre evaluación de resultados o justificación de renovaciones.
¿Qué marco legal regula la actuación de À Punt y la CACVSA?
La gestión de À Punt debe ceñirse a tres normas clave: la Ley 10/2018 de Comunicación Audiovisual, la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, y el Estatuto de los Trabajadores en contrataciones con productoras externas. Además, el Plan Estratégico 2023–2027 de la CACVSA establece como prioridad la “eficiencia en la asignación de recursos” y la “evaluación rigurosa de la calidad y el impacto de los contenidos”. Ninguno de estos compromisos se ha cumplido en los casos denunciados.
Datos Clave
- El coste por minuto de El Debat superó los 400 €, muy por encima del promedio sectorial (120–180 €/minuto en producción pública).
- No se aplicaron cláusulas de rescisión automática ante ausencia de audiencia mínima.
- El 87 % de los tertulianos en El Debat eran no residentes en la Comunitat Valenciana.
- La CACVSA no publicó ningún informe de evaluación post-emisión de los programas cuestionados.
- La contratación con productoras externas superó el 65 % del presupuesto de producción, frente al 40 % recomendado por la CNMC para garantizar independencia editorial.
La gestión de la CACVSA no es solo un asunto técnico: es una cuestión de transparencia democrática, rendición de cuentas y uso ético de los impuestos. Mientras no se activen mecanismos de control real, los ciudadanos seguirán pagando por contenidos que no ven, no representan ni justifican su coste.
