El antiguo arrendatario del Hotel Santa Catalina ha decidido recurrir ante los tribunales la adjudicación del proyecto de reforma del emblemático inmueble a la cadena Barceló. Esta decisión se basa en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado modificaciones urbanísticas realizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2018, las cuales permitieron la ejecución de las obras sin una adecuada evaluación ambiental.
El grupo Juan Padrón, que gestionó el hotel durante más de dos décadas, argumenta que las reformas no se ajustan a la normativa urbanística vigente. Según Padrón, la sentencia del TSJC refuerza su posición, ya que considera que las modificaciones realizadas desprotegieron el edificio, dejándolo vulnerable a intervenciones que no deberían haberse permitido.
En el pasado, el grupo había intentado impugnar la adjudicación del concurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, pero su recurso fue desestimado debido a que no se le reconoció legitimidad, ya que quedó en cuarto lugar en el proceso de selección. Sin embargo, ahora se prepara para presentar un nuevo recurso ante el TSJC, apoyándose en la reciente resolución judicial que considera nula la reforma del Santa Catalina.
Padrón ha expresado su confianza en que la sentencia apoye su argumento de que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento fue incorrecto. En su opinión, el plan de reforma no se ajustaba a la ficha urbanística del hotel, lo que debería haber llevado a su descalificación. Además, ha propuesto que, dado que las obras ya han finalizado, se anule el concurso de explotación del hotel y se inicie un nuevo proceso.
La sentencia del TSJC plantea interrogantes sobre cómo se implementará la anulación del acuerdo del pleno que modificó las actuaciones permitidas en el edificio. Este acuerdo fue aprobado durante el mandato del alcalde Augusto Hidalgo y el concejal de Urbanismo Javier Doreste. El tribunal ha indicado que no será hasta el trámite de ejecución de sentencia, en caso de que esta sea declarada firme, que se determinará cómo proceder.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene la opción de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, lo que podría obligarlo a revisar su decisión y considerar un plan especial o una posible reducción del grado de protección del inmueble. Las normas anuladas por el TSJC habían establecido diferentes niveles de intervención en el hotel, dividiéndolos en tres zonas, cada una con sus propias restricciones y posibilidades de actuación.
La primera zona se refería a la parte del edificio que había sido diseñada por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, permitiendo obras de remodelación y mejoras en la relación entre las distintas secciones del inmueble. La segunda zona abarcaba áreas que habían sido alteradas parcialmente, permitiendo rehabilitaciones y adecuaciones. Finalmente, la tercera zona incluía áreas contemporáneas, donde se permitían intervenciones más amplias, incluyendo la demolición de elementos estructurales.
El TSJC ha criticado al Ayuntamiento por haber utilizado criterios que, según el tribunal, distorsionan la definición de los niveles de intervención establecidos por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. La sentencia sostiene que las normas específicas permitieron intervenciones que no deberían haberse autorizado para un edificio con un grado de protección integral, como es el caso del Santa Catalina.
El fallo del tribunal no solo anula las modificaciones realizadas, sino que también cuestiona la forma en que el Ayuntamiento ha manejado otros casos similares, sugiriendo que ha mantenido criterios inconsistentes en la protección del patrimonio histórico. Esto podría tener implicaciones más amplias para futuras reformas y proyectos en la ciudad.
El antiguo arrendatario del Hotel Santa Catalina, Manuel Padrón, ha manifestado que la reforma en sí misma podría ser adecuada, pero que el problema radica en cómo se gestionó el proceso. La situación actual deja en el aire el futuro del hotel y la manera en que se abordarán las reformas necesarias para su conservación y explotación adecuada.
