La reciente aprobación en el Congreso de un real decreto que obliga a repartir a menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas ha generado un intenso debate en Canarias. Este decreto, que busca abordar la situación crítica de los menores en el Archipiélago, ha sido objeto de críticas por parte del Partido Popular (PP), lo que ha llevado a una confrontación política entre el gobierno canario y la oposición.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su descontento con la postura del PP, señalando que los seis diputados canarios de esta formación votaron en contra de una medida que considera prioritaria para el bienestar de los menores. Torres ha cuestionado cómo el líder del PP en Canarias, Manuel Domínguez, puede justificar esta decisión, dado que los representantes del PP fueron elegidos para defender los intereses de los canarios.
La situación de los menores migrantes en Canarias ha sido crítica, con muchos de ellos viviendo en condiciones de hacinamiento en centros de acogida. Torres ha enfatizado que este nuevo marco normativo responde a una reivindicación de 30 años, no solo de Canarias, sino también de otras regiones que enfrentan problemas similares, como Ceuta, Melilla, Andalucía, Baleares y Murcia. La aprobación del decreto es vista como un paso necesario para garantizar los derechos de la infancia migrante y aliviar la presión sobre los centros de acogida en el Archipiélago.
El ministro ha agradecido el apoyo de varias formaciones parlamentarias que respaldaron el decreto, a la vez que lamentó los votos en contra de Vox y del PP. Según Torres, es fundamental que todas las comunidades autónomas asuman su responsabilidad en la atención a los menores migrantes, ya que la llegada de estos niños a España sin un adulto responsable implica una obligación legal de respuesta solidaria.
A pesar de la aprobación del decreto, el PP ha anunciado su intención de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la medida invade las competencias autonómicas. Torres ha advertido que cualquier comunidad que no cumpla con los plazos y criterios de distribución establecidos podría enfrentar consecuencias legales, incluso penales. Esta advertencia subraya la seriedad con la que el gobierno central está abordando la implementación del decreto.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, también ha criticado la postura del PP, acusándolo de obstruir el trabajo necesario para crear un sistema estructural de protección para los menores migrantes. Pérez ha instado al PP a proporcionar datos sobre la capacidad de asistencia de menores en sus comunidades, lo que podría facilitar una mejor coordinación entre administraciones.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un tema complejo que involucra no solo cuestiones políticas, sino también consideraciones humanitarias. La reciente aprobación del decreto es un intento de abordar esta problemática de manera integral, garantizando que los derechos de los menores sean respetados y que se les brinde la atención adecuada. Sin embargo, la oposición del PP y la posibilidad de recursos legales complican la implementación efectiva de esta medida.
El debate sobre el reparto de menores migrantes no solo refleja las tensiones políticas en Canarias, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más solidario y coordinado en la gestión de la migración en España. La situación de los menores migrantes es un desafío que requiere la colaboración de todas las comunidades autónomas, así como un compromiso firme por parte del gobierno central para garantizar que se respeten los derechos de estos niños vulnerables.
