Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid ha activado una alerta ambiental por vertidos ilegales, amianto y destrucción de hábitats en una zona de 985.000 m² entre Alcorcón y Boadilla del Monte. La superficie, clasificada como suelo no urbanizable de protección, fue subastada por el Ministerio de Defensa en 2023. Las actuaciones amenazan la salud pública y violan la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.
¿Dónde se está produciendo la contaminación ambiental denunciada?
La zona afectada se ubica al sur del polígono industrial Ventorro del Cano. Es un terreno de alto valor ecológico, con vías pecuarias y caminos públicos aún en uso. Allí, maquinaria pesada ha operado sin autorización desde mayo de 2026. No hay licencia ambiental ni estudio de impacto previo.
Terrenos con protección legal previa
Estos espacios estaban bajo régimen de suelo no urbanizable de protección. Su uso está restringido por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. La subasta de 2023 no incluyó autorización para obras ni gestión de residuos.
¿Qué residuos peligrosos se han detectado en la zona?
Ecologistas en Acción ha documentado la presencia de amianto, plomo, cristal y escombros no clasificados. El amianto es un carcinógeno reconocido por la OMS. Su manipulación sin contención genera fibras inhalables que causan mesotelioma y asbestosis.
Riesgo para la salud pública inminente
No se han instalado barreras de contención ni sistemas de monitoreo de aire. La zona está a menos de 2 km de núcleos urbanos de Alcorcón. La dispersión de partículas es posible con vientos frecuentes del sudoeste.
¿Qué impacto ecológico ha generado la destrucción del hábitat?
Se han arrasado cientos de retamas, especie clave para la fijación de suelos y refugio de aves. Además, se han destruido madrigueras y zonas de cría de especies protegidas como el topo ibérico, la liebre, y aves insectívoras como el pájaro moscón.
Época crítica para la fauna
Las actuaciones coincidieron con la temporada de cría (abril–junio). Esto multiplica el impacto sobre la supervivencia de crías y la regeneración natural del ecosistema.
¿Qué medidas legales ha solicitado Ecologistas en Acción?
La organización pidió una paralización cautelar urgente, la evaluación del grado de contaminación y la posible declaración de suelo contaminado. Esta figura exige limpieza obligatoria y responsabilidad civil y penal del causante.
Marco normativo aplicable
- Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.
- Decreto 71/2022 de la Comunidad de Madrid sobre gestión de suelos protegidos.
- Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental.
Datos Clave
- Superficie afectada: 985.000 m², equivalente a 138 campos de fútbol.
- Material peligroso identificado: Amianto, plomo y cristal sin tratamiento.
- Fecha de inicio de las actuaciones: Mayo de 2026, sin autorización previa.
- Estado legal del terreno: Suelo no urbanizable de protección, no apto para vertidos.
- Riesgo sanitario: Exposición potencial a fibras de amianto en zona residencial cercana.
- Plazo de respuesta legal: La Subdirección General de Inspección tiene 15 días hábiles para actuar tras la denuncia.
El caso refleja una brecha crítica entre la gestión de suelos tras privatizaciones y los controles ambientales. Desde el punto de vista económico, la futura remediación de suelos contaminados podría superar los 3 millones de euros, según estimaciones del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Además, la pérdida de servicios ecosistémicos —como la regulación hídrica y la polinización— afecta indirectamente a sectores agrícolas y turísticos locales. La denuncia no es solo ecológica: es una exigencia de transparencia institucional y cumplimiento del principio de precaución, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Española y en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2030.
