La antigua ikastola Jaso, ubicada en Pamplona, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que involucra a okupas y a la comunidad educativa. Desde hace tres años, el director del centro, Unai Arellano Lakabe, ha estado lidiando con la situación, que ha generado un gran malestar tanto en el colegio como entre los vecinos del área. A pesar de las numerosas denuncias interpuestas, el proceso judicial se ha prolongado, dejando a la comunidad educativa y a los residentes en un estado de incertidumbre.
La ikastola Jaso, que abrió sus puertas en 1980, fue un centro educativo que llegó a albergar hasta 632 alumnos. Sin embargo, en 1999, el colegio se trasladó a un nuevo edificio en el barrio de Mendebaldea debido a la falta de espacio. Desde entonces, el antiguo inmueble ha permanecido vacío, lo que ha llevado a un aumento de robos y actos vandálicos, y finalmente a su ocupación por parte de personas sin hogar.
La situación ha sido complicada para el director, quien ha manifestado su preocupación por la seguridad de los okupas y de los vecinos. Arellano ha declarado que el colegio ha colaborado con la Policía Municipal para identificar a las personas que viven en el edificio, pero se siente impotente ante la lentitud del sistema judicial. «Estamos a la espera de que un juez dicte una orden de desalojo», comentó, añadiendo que el colegio está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una solución digna para todos los involucrados.
Desde el Ayuntamiento de Pamplona, se ha reforzado la seguridad en el área, aumentando la presencia policial y el patrullaje. El concejal Joxe Abaurrea ha indicado que están realizando un seguimiento intensivo de la situación, especialmente después de incidentes recientes que han generado preocupación en la comunidad. Sin embargo, el antiguo edificio de la ikastola Jaso se encuentra en una situación complicada, ya que está pendiente de derribo y del desarrollo del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del barrio de Echavacoiz.
La comunidad educativa ha expresado su deseo de que se resuelva la situación lo antes posible. Arellano ha manifestado que han mantenido comunicación constante con el Ayuntamiento y el juzgado, buscando una solución que no solo beneficie a la ikastola, sino también a los vecinos y a las personas que actualmente ocupan el edificio. La falta de acción ha generado un clima de desasosiego en la zona, donde los residentes han comenzado a sentir miedo por la inseguridad que se ha apoderado del barrio.
El proceso judicial ha sido un tema recurrente en las conversaciones entre los responsables de la ikastola y las autoridades locales. La comunidad educativa ha solicitado que se tomen medidas urgentes para recuperar el edificio y garantizar la seguridad de todos. Mientras tanto, el director de la ikastola ha ofrecido las instalaciones del colegio para llevar a cabo reuniones entre los diferentes actores involucrados en el conflicto, buscando así un espacio de diálogo y colaboración.
La historia de la ikastola Jaso es un reflejo de los desafíos que enfrenta la comunidad en términos de seguridad y gestión de espacios públicos. A medida que la situación se prolonga, la presión sobre las autoridades para encontrar una solución efectiva aumenta. Los vecinos y la comunidad educativa esperan que se tomen decisiones rápidas y efectivas que permitan recuperar la normalidad en el barrio y garantizar la seguridad de todos sus habitantes.
