La Generalitat de Catalunya ha reafirmado su compromiso con un modelo fiscal propio, distanciándose del enfoque adoptado por la Comunidad de Madrid. En una reciente intervención, la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, dejó claro que no se contemplan rebajas en el IRPF para los tramos más altos, ni bonificaciones en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Esta postura se enmarca dentro de una política fiscal que busca la justicia social y la redistribución de la riqueza, en un contexto donde las desigualdades sociales son cada vez más evidentes.
Romero, durante su discurso en el Consejo General de Economistas en Madrid, refutó las afirmaciones del presidente de Foment del Treball, quien había calificado a Catalunya como un «infierno fiscal». La consellera consideró que esta declaración es injusta y no refleja la realidad fiscal de la comunidad. En su lugar, defendió que quienes más tienen deben contribuir más, especialmente en un momento en que las disparidades económicas son alarmantes.
### Propuestas de Modificación Fiscal
A pesar de su firmeza en mantener el modelo fiscal actual, la Generalitat está abierta a realizar modificaciones fiscales puntuales que beneficien a las empresas. Romero enfatizó que no se bajarán impuestos a los más ricos a expensas de los servicios públicos, pero sí se están considerando bonificaciones específicas que puedan mejorar la competitividad empresarial. Para ello, el Govern ha encargado a la Universidad de Barcelona un estudio que evalúe qué cambios fiscales podrían implementarse sin afectar negativamente los ingresos públicos.
La consellera también mencionó que Catalunya es la comunidad autónoma con más impuestos propios, un total de quince, y que se están revisando para asegurar que cumplen con sus objetivos iniciales. Esta revisión es parte de un esfuerzo más amplio por establecer una política fiscal que sea progresiva y justa, que no solo genere riqueza, sino que también la redistribuya de manera equitativa entre la población.
Romero contrastó el modelo fiscal de Catalunya con el de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso. Según la consellera, para implementar políticas de redistribución es fundamental contar con un sistema fiscal que refleje la capacidad real de cada ciudadano. En este sentido, la Generalitat está trabajando para fortalecer la financiación de las universidades públicas, en contraposición a lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas.
### Un Nuevo Modelo de Financiación
En su intervención, Alícia Romero también abordó el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Anunció que para el 30 de junio, la Generalitat presentará un esquema de modelo de financiación singular que tendrá en cuenta las particularidades de Catalunya, como la gestión de la seguridad ciudadana y la Hacienda propia. Esta propuesta es parte de un acuerdo con ERC y busca compensar a las comunidades que han asumido competencias en el estado del bienestar.
Romero destacó que la desigualdad en la financiación entre comunidades autónomas es un problema que debe ser abordado. Por ejemplo, mencionó que un niño en Extremadura recibe 1.000 euros más que un niño en Murcia, lo que considera injusto. La consellera hizo un llamado a que otras comunidades autónomas sean constructivas en el debate sobre financiación, reconociendo que Madrid también tiene sus singularidades, como la concentración de centros económicos.
La propuesta de un modelo de financiación singular no solo busca mejorar la situación de Catalunya, sino que también podría ser un referente para otras comunidades, como Canarias, que enfrentan desafíos similares. Romero enfatizó la necesidad de que el nuevo modelo concrete y financie adecuadamente las singularidades de cada territorio, promoviendo así una mayor equidad en la distribución de recursos.
En resumen, la Generalitat de Catalunya se mantiene firme en su política fiscal, priorizando la justicia social y la redistribución de la riqueza. A través de modificaciones puntuales y un nuevo modelo de financiación, busca no solo mejorar la competitividad de las empresas, sino también garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa entre todos los ciudadanos, en un esfuerzo por construir una sociedad más justa y cohesionada.
