Un funcionario de la Conselleria de Vivienda en Alicante admitió haber intervenido indebidamente en la adjudicación de una vivienda pública del residencial Les Naus. Su pareja resultó beneficiaria entre las 140 viviendas de protección pública. El caso ya está bajo investigación judicial y ha desencadenado sanciones administrativas y revisión de protocolos de transparencia.
¿Qué ocurrió con la adjudicación de las viviendas de Les Naus?
El funcionario era el único responsable de todos los expedientes de la promoción en el barrio de La Condomina, distrito de Playa de San Juan. Al detectarse su vinculación con una adjudicataria, su superior le interrogó. Él respondió: “La he cagado, asumo las consecuencias”. Esa admisión fue clave para abrir la investigación.
La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante inició los interrogatorios el 15 de abril de 2026. Participaron como testigos el director territorial Juan Manuel Galbis, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda Concepción Morillas, y el secretario adjunto Vicente Caturla.
¿Qué normativa regula la adjudicación de viviendas públicas en la Comunidad Valenciana?
La Ley 12/2021 de Vivienda de la Generalitat Valenciana exige transparencia, objetividad y ausencia de conflicto de interés en todos los procesos de asignación. El artículo 37 establece la prohibición expresa de intervenir en expedientes donde exista relación familiar o afectiva con los solicitantes.
Además, el Reglamento de Régimen Interior de la Conselleria de Vivienda obliga a la declaración previa de incompatibilidades. El funcionario no cumplió este requisito. Su reincorporación tras ser expedientado —aunque sin sanción definitiva— ha generado dudas sobre la efectividad de los controles internos.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso Les Naus?
Las 140 viviendas de Les Naus tienen un valor estimado de más de 22 millones de euros, financiados con fondos públicos y fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cualquier irregularidad afecta directamente a la confianza ciudadana y al uso eficiente de los recursos.
El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de la vivienda pública en la Comunidad Valenciana. En 2025, el 68 % de las solicitudes de VPP superó la demanda real. La falta de auditorías cruzadas y de sistemas automatizados de asignación aumenta el riesgo de sesgos.
¿Qué medidas correctoras se han activado tras el escándalo?
La Conselleria ha anunciado una revisión urgente del sistema de adjudicación. Incluye la implantación de un software de asignación algorítmica con blindaje de datos personales y la creación de una comisión de ética independiente. También se ha reforzado la formación obligatoria en ética administrativa para todo el personal técnico.
Datos Clave
- El funcionario reconoció su intervención sin que mediara presión judicial.
- Su pareja fue adjudicataria de una vivienda de protección pública (VPP) en Les Naus.
- Fue expedientado, pero reincorporado el lunes anterior a la comparecencia judicial.
- Ciudadanos y PSPV-PSOE actúan como acusación popular en el caso.
- La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos de prevaricación y abuso de poder.
Marco legal aplicable
- Ley 12/2021 de Vivienda de la Generalitat Valenciana
- Real Decreto Legislativo 7/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público
- Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
- Reglamento UE 2021/241 (fondos NextGenerationEU)
El caso Les Naus no es aislado. En los últimos 18 meses, se han detectado 7 expedientes similares en otras provincias valencianas. Todos compartían fallos en la gestión de conflictos de interés y ausencia de auditorías externas. La presión ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas están acelerando reformas estructurales en el sector público de la vivienda.
