La desalinizadora Tordera II, en Blanes, es ahora una pieza estratégica para garantizar el suministro hídrico en Barcelona y Girona ante la intensificación de la sequía y los efectos del cambio climático. Su financiación, tras el rechazo de la Comisión Europea al Plan de Recuperación, ha sido desbloqueada con un acuerdo bipartito entre Estado y Generalitat.
¿Por qué la desalinizadora Tordera II es vital para Cataluña?
La infraestructura responde a una necesidad creciente: la región acumula más de 36 meses de déficit hídrico estructural. Los embalses de la cuenca del Ter y el Llobregat operan por debajo del 40 % de su capacidad. La desalinizadora Tordera II aportará 100.000 m³/día, el equivalente al consumo de 800.000 personas.
Este proyecto no es solo técnico: es una respuesta ante la sequía prolongada, la sobreexplotación de acuíferos y la presión turística en la Costa Brava.
¿Cómo se financia la desalinizadora Tordera II?
El modelo de financiación evita la dependencia exclusiva de fondos europeos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, propuso una fórmula dual:
- 145 millones de euros procedentes de la dirección general del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
- Otros 145 millones mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Esta estructura permite acelerar la ejecución sin esperar a nuevas convocatorias comunitarias. La inversión total asciende a 290 millones de euros, gestionada por la sociedad estatal Acuamed.
¿Quién paga finalmente la desalinizadora?
Aunque el Estado y el BEI aportan el capital inicial, el coste operativo y la amortización recaen sobre los usuarios finales. La empresa pública ATL de la Generalitat, encargada de la distribución del agua en la región, trasladará los costos a través de la tarifa del agua. Esto afecta directamente a municipios y empresas de Barcelona y Girona.
¿Qué marco legal regula esta inversión?
La desalinizadora no forma parte de la Red de Interés General del Estado, por lo que no califica automáticamente para financiación estatal directa. Su inclusión en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ter (2022–2027) le otorga rango de prioridad técnica, pero no presupuestaria.
El convenio entre Acuamed y ATL será clave para definir responsabilidades legales, plazos de explotación y mecanismos de control ambiental. Además, debe cumplir con la Directiva Marco del Agua y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
¿Qué impacto económico tiene la obra?
La construcción generará más de 1.200 empleos directos e indirectos durante sus 36 meses de ejecución. A largo plazo, evitará pérdidas estimadas de 420 millones de euros anuales en sectores clave: turismo, agricultura y industria agroalimentaria.
La sequía ya ha reducido la producción hortícola en el Maresme un 22 % en 2025. La desalinizadora permitirá estabilizar los precios del agua y reducir la dependencia de trasvases desde el Ebro.
¿Qué datos clave debes conocer sobre Tordera II?
- Inversión total: 290 millones de euros.
- Capacidad: 100.000 m³/día, equivalente al consumo de 800.000 personas.
- Ubicación: Blanes (Girona), en el emplazamiento de la antigua planta Tordera I.
- Gestor: Acuamed, con explotación a cargo de ATL.
- Plazo estimado de puesta en marcha: 2028.
- Financiación: 50 % estatal, 50 % préstamo del BEI.
- Marco regulatorio: Plan Hidrológico de la Cuenca del Ter, Ley 7/2021 de Cambio Climático.
La desalinizadora Tordera II no es solo una obra de ingeniería. Es una apuesta por la soberanía hídrica en un contexto de cambio climático acelerado, presión demográfica y fragilidad de los espacios naturales. Su financiación marca un precedente: infraestructuras hídricas regionales pueden escalar a nivel estatal sin depender exclusivamente de fondos europeos. La clave está en la coordinación técnica, la transparencia tarifaria y el cumplimiento riguroso de los estándares ambientales. El reto ahora es garantizar que el agua desalada no incremente la huella energética ni dañe los ecosistemas marinos del litoral catalán.
