Un trágico incidente tuvo lugar en el famoso complejo de templos de Angkor Wat, en Camboya, donde tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas tras ser alcanzadas por un rayo. El suceso ocurrió el viernes por la tarde, cuando un grupo de visitantes se refugió cerca del templo principal, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este evento ha generado una serie de reacciones y preocupaciones sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del sudeste asiático.
La llegada de ambulancias al lugar fue capturada en un vídeo que circuló en redes sociales, mostrando a testigos y personal del templo ayudando a evacuar a los heridos. Las imágenes posteriores revelaron a varias personas recibiendo atención médica en un hospital cercano. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, un funcionario que prefirió permanecer en el anonimato confirmó que las víctimas eran todas camboyanas.
La Cruz Roja de Camboya ha intervenido, proporcionando asistencia a las familias de dos de los fallecidos, un hombre de 34 años y una mujer de 52. Sin embargo, la organización se ha negado a ofrecer más detalles sobre el incidente, lo que ha generado inquietud entre la población y los medios de comunicación.
El ministro de Turismo de Camboya, Hout Hak, emitió un comunicado al día siguiente del suceso, instando a la población a eliminar publicaciones sobre el incidente. Argumentó que la difusión de “información negativa” podría afectar el sector turístico del país, que depende en gran medida de la afluencia de visitantes a lugares como Angkor Wat. Esta solicitud ha sido vista por muchos como un intento de controlar la narrativa en torno a la tragedia y minimizar su impacto en la imagen del país.
Camboya, bajo el liderazgo del primer ministro Hun Manet, ha sido objeto de críticas por su manejo de la información y la represión de la libertad de expresión. Hun Manet asumió el cargo en 2023, sucediendo a su padre, Hun Sen, quien gobernó durante casi cuatro décadas y fue conocido por su autoritarismo. Este contexto político ha llevado a un ambiente de desconfianza entre la población y las autoridades, especialmente en situaciones delicadas como la ocurrida en Angkor Wat.
Angkor Wat, que recibe aproximadamente 2,5 millones de visitantes al año, es la atracción turística más emblemática de Camboya y aparece incluso en la bandera nacional. Este vasto complejo, que abarca alrededor de 400 kilómetros cuadrados, alberga las ruinas de las antiguas capitales del Imperio Jemer, que floreció entre los siglos IX y XV. La UNESCO lo considera uno de los sitios arqueológicos más significativos del sudeste asiático, lo que subraya su importancia cultural y turística.
En los últimos años, Camboya ha estado trabajando activamente para desarrollar la zona de Angkor Wat y atraer a más turistas. Un ejemplo de esto es la reciente inauguración de un nuevo aeropuerto en la cercana ciudad de Siem Reap, financiado por China con una inversión de 1.100 millones de dólares. Sin embargo, este desarrollo ha generado controversia, especialmente en relación con la reubicación de unas 10.000 familias que vivían en asentamientos informales en la zona.
Las autoridades han afirmado que estas reubicaciones son voluntarias, pero organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han cuestionado la veracidad de esta afirmación. La UNESCO también ha expresado su preocupación por el impacto que estas acciones pueden tener en la comunidad local y en la preservación del patrimonio cultural.
La tragedia en Angkor Wat ha puesto de relieve no solo los riesgos asociados con las condiciones climáticas en la región, sino también las tensiones entre el desarrollo turístico y la protección de los derechos humanos. A medida que Camboya continúa su camino hacia la modernización y el crecimiento económico, es crucial que se aborden estas cuestiones de manera equilibrada, garantizando la seguridad de los visitantes y el bienestar de las comunidades locales. La atención internacional sobre el incidente podría servir como un llamado a la acción para mejorar las medidas de seguridad en los sitios turísticos y para fomentar un diálogo más abierto sobre los derechos de las personas afectadas por el desarrollo en la región.
