La jornada electoral del 1 de junio de 2025 marcó un hito en la historia de México, al ser la primera vez que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a más de 2.600 jueces y magistrados, incluidos los del Tribunal Supremo y otras cortes federales. La presidenta Claudia Sheinbaum, al llegar a los colegios electorales, expresó su entusiasmo con un «viva la democracia», destacando la importancia de este evento en la lucha contra la corrupción y el nepotismo que han caracterizado al sistema judicial mexicano.
A pesar de la relevancia de estas elecciones, la participación ciudadana fue notablemente baja, alcanzando solo un 13%. Este porcentaje se situó por debajo de las expectativas, que preveían una participación de hasta el 20%. Sin embargo, Sheinbaum consideró el evento un éxito, argumentando que 13 millones de votantes se habían involucrado en un proceso que, según ella, fortalecería la democracia en el país. La presidenta enfatizó que este experimento electoral era una forma de devolver el poder a los ciudadanos, permitiéndoles elegir a quienes administran la justicia en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de burócratas.
La legalidad de los comicios fue uno de los temas más debatidos en los días previos a la votación. Sheinbaum defendió la iniciativa como una solución a los problemas de corrupción que han plagado a los tribunales en México. Sin embargo, analistas y críticos advirtieron que, a pesar de la intención de democratizar el sistema judicial, la reforma podría resultar en un mayor control del partido Morena sobre el poder judicial, lo que podría poner en riesgo la independencia de este poder del Estado.
La percepción de corrupción en el sistema de justicia es un tema recurrente entre los ciudadanos mexicanos. Un estudio reciente reveló que el 92% de los crímenes no se denuncian, lo que refleja una profunda desconfianza en la capacidad del sistema judicial para ofrecer justicia. A pesar de que el 72% de los encuestados consideró necesarias estas elecciones, el 77% no pudo nombrar a un solo candidato, lo que pone de manifiesto la falta de información y preparación de la ciudadanía para participar en este nuevo proceso electoral.
La reforma judicial impulsada por el gobierno de Sheinbaum y el movimiento Morena ha sido vista como un intento de consolidar el poder del partido, que ha dominado el panorama político en México durante los últimos siete años. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, Morena ha logrado importantes victorias electorales y ha implementado diversas iniciativas que han fortalecido su posición. Sin embargo, la oposición ha señalado que esta reforma judicial podría abrir la puerta a la influencia de poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado, en el sistema judicial.
López Obrador, quien fue el principal impulsor de esta reforma, hizo su primera aparición pública tras dejar la presidencia en la localidad de Palenque, Chiapas, donde expresó su apoyo a la iniciativa. A lo largo de su mandato, el expresidente ha criticado abiertamente a los jueces, a quienes ha calificado de corruptos. Sin embargo, su administración también enfrentó bloqueos por parte del Tribunal Supremo, que impidió algunas de sus propuestas más controvertidas, lo que generó tensiones entre el ejecutivo y el poder judicial.
La situación actual del sistema judicial en México es compleja. A pesar de que muchos ciudadanos apoyan la idea de reformar la justicia, existe un amplio escepticismo sobre si la elección popular de jueces es la solución adecuada. Las huelgas de jueces de carrera y las voces críticas dentro del propio sistema judicial reflejan la incertidumbre que rodea a esta reforma. Muchos consideran que, aunque la intención de democratizar el proceso es loable, el método elegido podría no ser el más efectivo para lograr una justicia imparcial y accesible para todos.
En este contexto, el futuro del sistema judicial mexicano pende de un hilo. La elección de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía es un paso audaz, pero también plantea serias preguntas sobre la independencia judicial y la capacidad de los nuevos magistrados para actuar en beneficio de la justicia y no de intereses políticos o económicos. La historia de México está en un punto de inflexión, y el desarrollo de esta reforma será crucial para determinar si el país avanza hacia una democracia más sólida o si, por el contrario, se enfrenta a nuevos desafíos en su lucha contra la corrupción y la impunidad.
