El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de una investigación judicial que indaga sobre presuntos delitos de corrupción relacionados con sus actividades empresariales. Este jueves, González Amador comparecerá ante la jueza Inmaculada Iglesias, quien dirige el caso, en el que se le investiga por defraudar a Hacienda y por falsedad documental.
La situación se complica para González Amador, quien había solicitado declarar en esta ocasión, a diferencia de su anterior citación donde optó por guardar silencio. La investigación se centra en su relación con Quirón Prevención, una empresa del sector sanitario, y en la posible utilización de una sociedad pantalla para ocultar ingresos que debían ser declarados. Este tipo de maniobras son comunes en casos de corrupción, donde se busca eludir las obligaciones fiscales mediante estructuras empresariales complejas.
Uno de los puntos más controvertidos de la investigación es la compra de la empresa Círculo Belleza SL, que González Amador adquirió en 2020 por casi 500.000 euros. La Fiscalía ha señalado que esta sociedad carecía de activos significativos, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de la transacción. Según informes de la Inspección Tributaria, la empresa solo poseía un ordenador portátil y algunos equipos de depilación, lo que sugiere que su valor real era prácticamente nulo. Esto ha llevado a los fiscales a sospechar que la compra podría haber sido una forma de encubrir una comisión oculta.
La figura de González Amador se ha vuelto aún más polémica debido a su relación con la presidenta Ayuso, quien se encuentra actualmente en un viaje institucional a Ecuador. La oposición ha criticado su ausencia en un momento tan delicado, acusándola de ser una “presidenta a la fuga” mientras su pareja enfrenta serias acusaciones de corrupción. Este viaje ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de desviar la atención pública de la situación judicial que enfrenta su pareja.
El caso ha generado un gran revuelo en la política madrileña, donde las acusaciones de corrupción han sido un tema recurrente en los últimos años. Los partidos de la oposición, como el PSOE y Más Madrid, han exigido explicaciones y han señalado que existen indicios claros de corrupción en la gestión de González Amador. La Fiscalía ha puesto el foco en la posibilidad de que el empresario haya utilizado su relación con Quirón Prevención para obtener beneficios económicos de manera ilícita.
La investigación también ha revelado que González Amador ha sido citado en varias ocasiones en el marco de esta causa, y su defensa ha intentado recurrir la apertura de la misma sin éxito. En su última comparecencia, el 24 de febrero, decidió no declarar, lo que ha alimentado aún más las sospechas sobre su implicación en actividades delictivas. La jueza ha decidido continuar con la investigación principal, lo que indica que hay suficientes elementos para seguir indagando en las actividades de González Amador.
La situación se complica aún más para la presidenta Ayuso, quien ha defendido su gestión y ha argumentado que su pareja no tiene nada que ver con su trabajo en la política. Sin embargo, la cercanía de ambos y las acusaciones de corrupción han puesto en tela de juicio la integridad de su administración. La presión sobre Ayuso aumenta, especialmente en un contexto político donde la corrupción es un tema sensible y que puede influir en las elecciones futuras.
El caso de González Amador es un recordatorio de cómo las relaciones personales pueden entrelazarse con la política y los negocios, generando conflictos de interés y cuestionando la ética de los funcionarios públicos. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que puedan aclarar la situación y determinar la responsabilidad de González Amador en los presuntos delitos que se le imputan. La atención mediática y pública sobre este caso es un reflejo del clima político actual en España, donde la corrupción sigue siendo un tema candente que afecta la confianza de los ciudadanos en sus líderes.
