La situación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha tomado un giro significativo con la reciente citación de la actual gerente y sus predecesores para declarar en un caso que investiga la legalidad de los contratos de emergencia. Este proceso judicial se centra en la denuncia presentada por el PSOE, que sostiene que el SAS habría utilizado contratos de emergencia por un total de 242 millones de euros, incluso después de que la pandemia de COVID-19 había sido declarada como superada. La denuncia también menciona un posible daño al erario público que podría ascender a 24 millones de euros debido a lo que se califica como un procedimiento “a dedo”.
La citación de la actual gerente del SAS, Valle García, junto a sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, está programada para el 25 de noviembre. Este caso ha generado un gran interés público, ya que pone de relieve las prácticas de contratación en el sector público, especialmente en un contexto tan crítico como el de la sanidad durante y después de la pandemia.
### Contexto de la Denuncia
La denuncia del PSOE se basa en la premisa de que el SAS continuó utilizando contratos de emergencia durante un período en el que ya no existía una necesidad urgente justificada por la crisis sanitaria. Según los denunciantes, esta práctica no solo es cuestionable desde un punto de vista ético, sino que también plantea serias dudas sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para la contratación de servicios y suministros en el ámbito de la salud pública.
El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla ha decidido tomar medidas al respecto, citando a varios testigos clave que podrían arrojar luz sobre la situación. Entre ellos se encuentran tres exinterventoras de la Junta, incluida Amelia Martínez, quien actualmente ocupa el cargo de viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. También se ha convocado al ex director económico del SAS y al ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud, quienes deberán comparecer el 18 de noviembre, una semana antes de que lo hagan los exgerentes del ente.
La investigación se centra no solo en la legalidad de los contratos, sino también en el proceso de verificación de los gastos realizados con fondos europeos. El juez ha solicitado a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS que remita el expediente relacionado con un informe sobre este proceso, lo que indica que se están tomando en serio las alegaciones de irregularidades.
### Respuesta de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía ha defendido la legalidad de los contratos de emergencia, afirmando que estaban “amparados por la ley”. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha manifestado en varias ocasiones la disposición del Gobierno andaluz para colaborar con la justicia en este caso. Durante una sesión de control en el Parlamento, Hernández subrayó que se ha proporcionado toda la documentación necesaria a los tribunales y que se está permitiendo que la justicia actúe sin interferencias.
Este tipo de declaraciones por parte de la Junta son cruciales, ya que buscan tranquilizar a la opinión pública y reafirmar la integridad del proceso de contratación en el sector sanitario. Sin embargo, la persistencia de las denuncias y la investigación en curso han generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos, quienes esperan respuestas claras sobre el uso de los fondos públicos y la gestión de la sanidad en Andalucía.
El caso también plantea preguntas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente en un área tan sensible como la salud. La utilización de contratos de emergencia, aunque puede ser necesaria en situaciones críticas, debe estar sujeta a un control riguroso para evitar abusos y garantizar que los fondos se utilicen de manera adecuada y eficiente.
A medida que se acerca la fecha de las declaraciones, la atención se centra en cómo se desarrollará el proceso judicial y qué implicaciones podría tener para los responsables de la gestión del SAS. La sociedad andaluza está a la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para asegurar la correcta administración de los recursos públicos en el futuro.
