El 28 de abril de 2025, España y Portugal vivieron uno de los incidentes más significativos en la historia de su red eléctrica: un apagón que dejó a millones de personas sin electricidad durante un periodo que osciló entre cuatro y doce horas, dependiendo de la región. Este evento no solo fue un golpe para la infraestructura eléctrica, sino que también desató una serie de reacciones en cadena que han llevado a un replanteamiento de las políticas energéticas en la península. A medida que se cumplen seis meses desde aquel día fatídico, es crucial analizar las causas, consecuencias y las medidas adoptadas para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.
La investigación sobre el apagón ha revelado que fue provocado por una serie de problemas de sobretensión, que se originaron en el sur de España. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sistema eléctrico no contaba con la capacidad adecuada para controlar la tensión, lo que llevó a una desconexión de varias instalaciones de generación. Este evento fue el resultado de una combinación de factores que superaron los estándares de seguridad establecidos, lo que provocó un disparo en cascada de generación eléctrica. La Red Eléctrica de España, responsable de la gestión del sistema, se ha visto obligada a adoptar medidas cautelares para evitar que un nuevo apagón se repita.
### Cambios en la Producción y Consumo de Energía
Desde el apagón, el panorama energético en España ha cambiado drásticamente. A pesar de que el país cuenta con un potencial significativo de energía renovable, la producción de electricidad renovable ha disminuido en comparación con años anteriores. Entre enero y abril de 2025, la producción de electricidad renovable fue un 0,9% inferior a la del mismo periodo en 2024. Esta tendencia se ha mantenido, lo que ha llevado a una situación en la que, a pesar de que la capacidad instalada de energías renovables ha aumentado, la cantidad de energía renovable realmente utilizada ha disminuido.
Este fenómeno se debe a que el sistema eléctrico no ha podido absorber toda la nueva capacidad instalada. Desde el apagón, se ha registrado un aumento significativo en la cantidad de energía renovable que no ha podido ser incorporada a la red, alcanzando un 11% en julio de 2025. Esta energía no aprovechada podría haber contribuido a reducir los precios de la electricidad en un momento de alta demanda, como lo fueron las olas de calor del verano.
La situación ha generado tensiones en el sector energético, ya que las empresas que invierten en nuevas instalaciones de energía renovable se enfrentan a incertidumbres sobre la rentabilidad de sus proyectos. La Red Eléctrica ha tenido que priorizar la estabilidad del sistema, lo que ha llevado a un frenazo en la integración de energías renovables. Se ha incrementado el respaldo de las centrales de gas y nucleares, lo que ha generado un sobrecoste significativo en la producción de electricidad. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha estimado que este sobrecoste podría ascender a 371 millones de euros en seis meses, lo que equivale a más de dos millones de euros diarios.
### La Batalla de Intereses en el Sector Energético
El apagón ha desatado una batalla de intereses en el sector energético español. Las grandes compañías eléctricas, como Iberdrola, han comenzado a presentar demandas cruzadas, buscando responsabilidades y compensaciones por los daños causados. La situación se complica aún más por la presión política y económica que enfrenta el gobierno español, que busca equilibrar la necesidad de garantizar un suministro eléctrico seguro y estable con el compromiso de avanzar hacia un modelo energético más sostenible.
Las empresas propietarias de centrales nucleares argumentan que su continuidad es esencial para la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en un contexto donde la demanda de energía está en aumento. Por otro lado, las compañías de gas defienden la importancia de las centrales de ciclo combinado como una medida de seguridad, dado que la península Ibérica cuenta con una infraestructura de regasificación que representa el 35% de la capacidad de Europa.
En este contexto, el cierre de la central nuclear de Almaraz en Extremadura se ha convertido en un tema candente. La dependencia de Catalunya de la energía nuclear ha generado tensiones, ya que la región no cuenta con suficientes fuentes de energía renovable para satisfacer su demanda. Esto ha llevado a un debate sobre la necesidad de mantener las centrales nucleares operativas, a pesar de la creciente presión para avanzar hacia un modelo energético más limpio.
A medida que el gobierno y la Red Eléctrica trabajan en un nuevo protocolo de gestión para fortalecer la estabilidad de la red, las grandes compañías eléctricas han presentado alegaciones en contra de los cambios propuestos, argumentando que podrían perjudicar sus operaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido someter estos cambios a un estudio más profundo, lo que ha generado aún más incertidumbre en el sector.
La situación actual refleja una encrucijada crítica para España. La necesidad de consolidar una oferta de electricidad más barata y sostenible en el mercado europeo se enfrenta a la realidad de un sistema eléctrico que ha demostrado ser vulnerable. Mientras tanto, la presión para modernizar la infraestructura eléctrica y satisfacer la creciente demanda de energía continúa aumentando, lo que plantea desafíos significativos para el futuro del sector energético en la península ibérica.
