La reciente investigación realizada por organizaciones de protección animal y medioambiental ha destapado una alarmante situación en una granja avícola ubicada en Llucmajor, Mallorca. Esta explotación, que alberga a 136,000 gallinas en siete naves y un estercolero de 5,000 metros cuadrados, ha sido denunciada por su falta de higiene y el maltrato a los animales. Las imágenes obtenidas durante la investigación muestran un entorno deplorable, donde las gallinas viven rodeadas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, ratas y otros animales, lo que plantea serios riesgos zoonóticos para la salud humana.
La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de Medioambiente de Baleares, acusando a la granja de presuntos delitos contra la salud pública. Según un informante anónimo, la situación es tan grave que al ingresar al lugar, se pueden observar ratas corriendo libremente y cadáveres de animales en descomposición. La portavoz de ARDE, Julia Elizalde, ha señalado que esta granja podría estar incurriendo en un delito de estafa, ya que las gallinas camperas, que supuestamente deberían tener acceso al aire libre, no han salido al exterior durante seis días, lo que contradice las expectativas de los consumidores que pagan más por estos huevos.
### La Realidad de las Gallinas Camperas
El Reglamento 2023/2465 de la Comisión Europea establece que las gallinas camperas deben tener acceso continuo a un espacio al aire libre. Sin embargo, la investigación ha revelado que esta normativa no se está cumpliendo en la granja de Llucmajor. Este tipo de irregularidades no son exclusivas de España; en Estados Unidos, la empresa avícola Alderfer Egg Farms fue denunciada por publicidad engañosa, ya que sus gallinas camperas tampoco tenían acceso al exterior. Como resultado, la empresa acordó pagar una multa de 287,500 dólares para cerrar el caso.
Los huevos camperos suelen tener un precio un 35% más alto que los de gallinas criadas en suelo, lo que sugiere que la motivación detrás de la venta de estos productos podría ser puramente económica. En 2024, la granja en cuestión ya había sido sancionada con una multa de 150,000 euros por operar sin la autorización ambiental necesaria desde 2017 y por un manejo inadecuado de los excrementos. A pesar de esto, recibió una ayuda económica de al menos 381,777 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la construcción de un centro de clasificación de huevos, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de recursos públicos y la legalidad de sus operaciones.
### Impacto en la Comunidad Local
La situación de la granja no solo afecta a las gallinas, sino que también ha tenido un impacto significativo en la comunidad local. Más de 9,000 vecinos han denunciado problemas relacionados con plagas de moscas, olores nauseabundos y problemas de salud, como afecciones respiratorias y migrañas. Natalia García, una vecina de Llucmajor, ha compartido su experiencia, describiendo cómo es vivir a menos de un kilómetro de la granja: «Olores, moscas, dolor de cabeza… Te produce malestar anímico, te limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa». Otro vecino, Xisco Amaya, ha expresado su frustración, afirmando que no han podido invitar a amigos a casa debido a las condiciones insalubres.
A finales de 2024, las asociaciones vecinales documentaron un vertido de centenares de gallinas en una zanja, lo que también incumple la normativa sobre gestión de residuos con riesgos biológicos. Las organizaciones de protección animal y medioambiental, junto con las asociaciones vecinales, han exigido el cierre inmediato de la explotación avícola, argumentando que no es autorizable según la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Esta ley establece que no se puede otorgar un permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no hayan pasado por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, lo que significa que la granja debería cesar su actividad y reiniciar los trámites necesarios.
La situación en la granja avícola de Llucmajor es un claro ejemplo de cómo la falta de regulación y el incumplimiento de normativas pueden llevar a condiciones inaceptables tanto para los animales como para la comunidad. La denuncia de estas irregularidades es un llamado a la acción para que las autoridades tomen medidas efectivas y garanticen el bienestar animal y la salud pública en la región.
