Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tomado una decisión significativa al anular varias convocatorias de oposiciones de la Diputación Foral de Vizcaya. Estas oposiciones exigían un conocimiento avanzado del euskera para acceder a diversas plazas de vigilante de obras públicas. La resolución del tribunal se basa en la consideración de que tales requisitos vulneran los principios constitucionales de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.
La controversia surgió cuando una funcionaria interina presentó un recurso contra la exigencia de un perfil lingüístico III de euskera, el nivel más alto que se puede requerir. El TSJPV ha revocado una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Bilbao, que había desestimado el recurso. En su nueva resolución, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso, argumentando que el nivel de euskera exigido es desproporcionado para las funciones que desempeñan los celadores de obras públicas.
### Análisis de la Sentencia del TSJPV
El TSJPV ha señalado que la exigencia de un perfil lingüístico III para las plazas de celador de obras públicas es “manifiestamente desproporcionada”. Este tipo de puesto se centra principalmente en la supervisión de trabajos de conservación de carreteras, lo que, según el tribunal, no justifica la necesidad de un conocimiento tan avanzado del euskera. La decisión del tribunal pone de relieve que la imposición de requisitos lingüísticos puede favorecer a aquellos que dominan el euskera, creando condiciones desfavorables para quienes no lo hablan. Esto, a su vez, vulnera el derecho al acceso al empleo público, un principio fundamental en cualquier democracia.
La funcionaria que interpuso el recurso había trabajado para la Diputación Foral de Vizcaya desde junio de 2018 hasta junio de 2022. A pesar de su experiencia, la falta de acreditación del perfil lingüístico III le había impedido optar a la mayoría de las plazas que se pretendían cubrir. La sentencia del TSJPV establece que la promoción del euskera no puede llevarse a cabo mediante automatismos que condicionen el acceso a la función pública al conocimiento de esta lengua cooficial.
### Implicaciones para el Acceso al Empleo Público
La decisión del TSJPV tiene implicaciones significativas para el acceso al empleo público en el País Vasco. En un contexto donde el euskera es una lengua cooficial, la promoción de su uso es importante, pero debe hacerse de manera que no discrimine a quienes no la hablan. La sentencia sugiere que los requisitos lingüísticos deben ser proporcionales a las funciones que se desempeñan en cada puesto de trabajo. Esto podría llevar a una revisión de las políticas lingüísticas en las oposiciones públicas, asegurando que se alineen con los principios de igualdad y mérito.
Además, la resolución del TSJPV podría sentar un precedente para futuros casos relacionados con la exigencia de requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública. La interpretación del tribunal sobre la desproporcionalidad de los requisitos lingüísticos podría influir en otras administraciones públicas que buscan implementar políticas similares. Es esencial que las administraciones encuentren un equilibrio entre la promoción del euskera y la garantía de igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.
La decisión también plantea preguntas sobre cómo se deben establecer los perfiles lingüísticos en las oposiciones. Si bien es importante fomentar el uso del euskera en el ámbito público, es igualmente crucial que las exigencias sean razonables y estén justificadas por las funciones específicas del puesto. La sentencia del TSJPV podría impulsar un debate más amplio sobre la necesidad de revisar y ajustar los requisitos lingüísticos en las oposiciones, asegurando que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
En resumen, la anulación de las convocatorias de oposiciones que exigían un conocimiento avanzado del euskera por parte del TSJPV es un paso importante hacia la igualdad en el acceso al empleo público. La resolución del tribunal no solo beneficia a la funcionaria que interpuso el recurso, sino que también establece un marco más justo para futuros aspirantes en el País Vasco. La promoción del euskera es un objetivo valioso, pero debe llevarse a cabo de manera que no comprometa los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública.