El Govern de la Generalitat de Catalunya está a punto de implementar un nuevo decreto que busca optimizar la relación entre los ciudadanos, las empresas y la Administración pública. Este decreto, que se discutirá en el próximo Consell Executiu, tiene como objetivo la eliminación de 5.740 disposiciones legales que, a pesar de estar registradas en el portal jurídico de la Generalitat, se consideran obsoletas, caducadas o mal indexadas. Esta medida no solo pretende deshacerse de normas que ya no son aplicables, sino también facilitar el acceso a la legislación vigente, lo que representa un avance significativo en la transparencia y eficiencia administrativa.
La iniciativa, liderada por el Govern de Salvador Illa, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para simplificar la burocracia y mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Al eliminar estas disposiciones, se espera que tanto los ciudadanos como las empresas puedan consultar de manera más clara y sencilla la normativa catalana que realmente está en vigor. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la complejidad normativa puede ser un obstáculo para el desarrollo económico y social.
### Acciones Específicas para la Depuración Normativa
Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, el Ejecutivo catalán ha delineado dos acciones clave. La primera consiste en la derogación de 800 decretos y órdenes que han quedado obsoletos desde 1977 hasta 2024. Estas normas, que ya no tienen aplicación práctica, serán eliminadas del registro oficial, lo que permitirá una depuración significativa del marco normativo.
La segunda acción se centra en la depuración del Portal Jurídic de Catalunya, donde se retirarán casi 5.000 actos administrativos que fueron publicados erróneamente como normas. Esta situación ha contribuido a un aumento artificial en el número de entradas del repositorio jurídico, dificultando el acceso a la legislación que realmente está vigente. La Secretaría del Govern, bajo la dirección de Javier Villamayor, se encargará de implementar esta instrucción, asegurando que el portal refleje con precisión la normativa actual.
Esta limpieza normativa no es un esfuerzo aislado. Desde 2016, la Generalitat ha tomado varias medidas para reducir el volumen de normativas en su portal jurídico. Durante el mandato de Carles Puigdemont, se derogaron 4.615 disposiciones, lo que dejó el corpus normativo en 23.290 entradas. Posteriormente, bajo la administración de Pere Aragonès, se aprobaron dos decretos adicionales que eliminaron 1.255 normas y desindexaron 3.400 actos administrativos en 2021, y 759 normas y 3.500 actos en 2023. Como resultado, el repositorio normativo actual cuenta con 14.422 entradas, una cifra que refleja el compromiso del Govern con la simplificación y la claridad.
### Colaboración Internacional para la Mejora Regulatoria
Además de las acciones internas, el Govern ha buscado la colaboración de organismos internacionales para mejorar la calidad de su normativa. Recientemente, se firmó un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que esta entidad evalúe la normativa pública de Catalunya. Este acuerdo, que tiene una duración de 18 meses, es el primero de su tipo que una región firma con la OCDE, lo que subraya la importancia que el Govern otorga a la mejora continua de su marco regulatorio.
La colaboración con la OCDE permitirá a la Generalitat recibir recomendaciones sobre cómo simplificar y hacer más eficiente su normativa, lo que podría tener un impacto positivo en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La experiencia y el conocimiento acumulado por la OCDE en materia de regulación pueden ser un recurso valioso para identificar áreas de mejora y establecer buenas prácticas que beneficien a la sociedad en su conjunto.
El enfoque del Govern hacia la simplificación normativa es parte de una estrategia más amplia para crear un entorno administrativo que sea favorable y accesible. La eliminación de normas obsoletas y la depuración del portal jurídico son pasos concretos hacia la creación de un marco regulatorio que no solo sea más claro, sino que también inspire confianza en las instituciones. Este tipo de iniciativas son esenciales en un momento en que la burocracia puede ser vista como un obstáculo para el desarrollo y la innovación.
La importancia de esta reforma radica en su potencial para transformar la relación entre la Administración y los ciudadanos. Al facilitar el acceso a la normativa vigente, se espera que los ciudadanos se sientan más empoderados y seguros en sus interacciones con el gobierno. Esto no solo mejora la percepción de la Administración, sino que también puede fomentar una mayor participación ciudadana y un entorno más dinámico para las empresas.
En resumen, el nuevo decreto que se discutirá en el Consell Executiu representa un paso significativo hacia la modernización y simplificación del marco normativo en Catalunya. La eliminación de disposiciones obsoletas y la colaboración con la OCDE son ejemplos claros del compromiso del Govern con la mejora continua y la transparencia. A medida que se avanza en estas iniciativas, se espera que la relación entre los ciudadanos y la Administración se fortalezca, creando un entorno más propicio para el desarrollo social y económico.
