La reciente comisión de investigación sobre la llamada Operación Catalunya ha puesto de manifiesto las tensiones políticas en España, especialmente entre los líderes del independentismo catalán y los exmiembros del Gobierno central. En una sesión marcada por la confrontación, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ofrecieron visiones diametralmente opuestas sobre la existencia de una supuesta estrategia para investigar a líderes independentistas.
Sáenz de Santamaría, quien ocupó un papel crucial durante el mandato de Mariano Rajoy, defendió la postura oficial del Gobierno de que no existió ninguna operación destinada a investigar ilegalmente a dirigentes catalanes. Durante su intervención, la exvicepresidenta enfatizó que su gestión se centró en la recuperación económica del país y en la defensa de la Constitución. A pesar de las insistencias de varios diputados de partidos como Junts, ERC y Bildu, que cuestionaron la existencia de una policía política, Sáenz de Santamaría mantuvo que no había conocimiento de tales prácticas.
Por otro lado, Artur Mas, quien fue presidente de la Generalitat durante el periodo en cuestión, presentó un relato completamente diferente. En su intervención, Mas no solo confirmó la existencia de la Operación Catalunya, sino que también anunció su intención de interponer una querella contra quienes, según él, orquestaron esta estrategia de espionaje. Para Mas, el objetivo de esta operación no era otro que deslegitimar a los soberanistas y eliminar su influencia política en Cataluña. En sus palabras, las víctimas de esta operación fueron los ciudadanos catalanes, quienes, a su juicio, sufrieron un ataque a su democracia y derechos civiles.
### La Negación de la Exvicepresidenta
Durante su comparecencia, Sáenz de Santamaría se presentó como una gestora que actuó en un contexto de crisis, negando cualquier implicación en acciones ilegales. Afirmó no tener conocimiento de informes que pudieran implicar a su Gobierno en actividades de espionaje o en la creación de una policía política. Su defensa se centró en la idea de que su administración actuó siempre dentro del marco legal y que cualquier acusación en contrario era infundada.
La exvicepresidenta incluso se mostró sorprendida ante la mención del informe Pisa, un documento que supuestamente apuntaba a irregularidades en la financiación de Podemos. Su respuesta fue clara: «El único informe Pisa que conozco es el de educación». Esta afirmación fue criticada por Ione Belarra, líder de Podemos, quien acusó a Sáenz de Santamaría de ignorar las responsabilidades que conllevaba su cargo.
La insistencia de los diputados de la oposición en cuestionar la existencia de una policía política fue respondida con la misma negativa por parte de Sáenz de Santamaría, quien se mantuvo firme en su postura de que no existió tal operación. Esta defensa fue coherente con la línea argumental que han seguido otros exministros del Gobierno de Rajoy, quienes también han comparecido ante la comisión.
### La Perspectiva de Artur Mas
En contraste, Artur Mas ofreció una narrativa que no solo desafiaba la versión de Sáenz de Santamaría, sino que también planteaba serias acusaciones sobre la naturaleza de la política del Gobierno de Rajoy. Mas afirmó que la Operación Catalunya fue una estrategia diseñada para desmantelar el movimiento independentista catalán, describiéndola como «ilegal, ilegítima e inmoral». Para él, el objetivo era claro: cambiar el sentido del voto de los ciudadanos catalanes y eliminar a los soberanistas de la esfera política.
Mas subrayó que no se trataba de una operación contra terroristas, sino de un ataque directo a las ideas y derechos de los ciudadanos que apoyan la independencia de Cataluña. En su intervención, hizo hincapié en que las víctimas de esta operación no eran solo él o sus predecesores, sino toda la ciudadanía catalana, que se vio afectada por un intento de silenciar sus aspiraciones democráticas.
El expresidente también abordó el informe de Citizen Lab, que reveló que su teléfono había sido objeto de espionaje en más de una treintena de ocasiones, incluso durante su mandato. A pesar de las afirmaciones de Sáenz de Santamaría de desconocer tales prácticas, Mas insistió en que la evidencia de espionaje era irrefutable y que las acciones del Gobierno de Rajoy habían cruzado una línea ética y legal.
La tensión entre ambas posturas refleja no solo la polarización política en España, sino también las profundas divisiones sobre el tema de la independencia catalana. La comisión de investigación continúa siendo un escenario donde se enfrentan diferentes narrativas sobre un periodo crítico en la historia reciente de España, y las implicaciones de estas declaraciones podrían tener repercusiones significativas en el futuro político del país.
