La reciente decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto a Airbnb en el centro de la controversia, al obligar a la plataforma a eliminar casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas que se consideran ilegales. Esta medida, respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), busca regular el mercado de alquileres turísticos en España y proteger los derechos de los consumidores.
### La situación actual de los anuncios ilegales
El Ministerio ha identificado un total de 65.935 anuncios que infringen la normativa vigente en varias comunidades autónomas. La mayoría de estos anuncios corresponden a viviendas completas de uso turístico, lo que ha generado preocupación entre las autoridades por el impacto que tienen en el acceso a la vivienda y la regulación del sector turístico. La primera resolución del Ministerio instó a Airbnb a bloquear 5.800 de estos anuncios de manera inmediata, una acción que la empresa intentó impugnar en los tribunales.
El TSJM ha respaldado la postura del Ministerio, lo que refuerza la necesidad de que las plataformas de alquiler turístico cumplan con las normativas locales. La falta de regulación en este sector ha llevado a un aumento de la oferta de alojamientos ilegales, lo que a su vez ha contribuido a la crisis de vivienda en muchas ciudades españolas. El ministro Pablo Bustinduy ha expresado su compromiso de colaborar con las administraciones públicas para abordar esta problemática y garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados.
### Razones detrás de la ilegalidad de los anuncios
Desde la Dirección General de Consumo se han señalado tres razones principales que justifican la ilegalidad de los anuncios de Airbnb. En primer lugar, la ausencia del número de licencia o registro, un requisito obligatorio en varias normativas autonómicas, es la infracción más común detectada. Sin este número, los consumidores no pueden verificar la legalidad del alojamiento que están considerando.
En segundo lugar, los anuncios no especifican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Esto es crucial, ya que determina si el arrendador es un profesional o un particular, lo que afecta la protección del consumidor. La falta de esta información puede llevar a los inquilinos a situaciones de desprotección legal, lo que es inaceptable en un mercado que debería ser transparente y justo.
Por último, se ha observado que algunos anuncios incluyen números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades competentes. Esta práctica engañosa puede inducir a error a los consumidores, quienes confían en que están reservando un alojamiento legal y seguro. La combinación de estas infracciones ha llevado al Ministerio a tomar medidas drásticas para regular el sector y proteger a los consumidores.
### Acciones complementarias del Ministerio
El Ministerio de Derechos Sociales no solo se ha limitado a bloquear anuncios ilegales, sino que también ha iniciado una serie de acciones complementarias para abordar la situación. En diciembre de 2024, se abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de vivienda turística por incumplir la normativa sobre la publicidad del número de licencia. Asimismo, en febrero de 2025, se iniciaron expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para regular el sector de los alquileres turísticos en España. La creciente popularidad de plataformas como Airbnb ha llevado a un descontrol en el mercado, lo que ha afectado tanto a los inquilinos como a los propietarios de viviendas. El Ministerio está trabajando en colaboración con otras administraciones para recopilar información y ofrecer asistencia técnica, con el objetivo de poner fin a la proliferación de anuncios ilícitos.
Además, el 27 de marzo se abrió un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos, lo que demuestra que las autoridades están tomando en serio la necesidad de proteger a los consumidores en el sector de la vivienda. Estas medidas son un paso importante hacia la creación de un mercado más justo y regulado, donde los derechos de los inquilinos sean respetados y se garantice un acceso equitativo a la vivienda.
La situación actual de Airbnb y otros servicios de alquiler turístico en España es un reflejo de la necesidad de una regulación más estricta en el sector. Las acciones del Ministerio de Derechos Sociales son un intento de abordar las irregularidades y proteger a los consumidores, pero también subrayan la importancia de que las plataformas cumplan con las normativas locales para garantizar un mercado justo y transparente.
