La sede de la Policía Local de Granada ha sido objeto de un registro por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades en los procesos de selección de este cuerpo municipal. Esta operación, que se lleva a cabo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, también se ha extendido a las instalaciones del Ayuntamiento de la ciudad, donde se ha incautado material informático y documentación relevante para la investigación.
### Contexto de la Investigación
El caso comenzó a tomar forma en febrero de 2025, cuando varios aspirantes a puestos en la Policía Local y otros ciudadanos denunciaron la falta de transparencia y posibles amaños en las oposiciones celebradas en diferentes municipios de la provincia. La situación se tornó crítica el 7 de febrero, cuando se decretó la reserva de las actuaciones para proteger la investigación y evitar la destrucción de pruebas. Desde entonces, esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, manteniendo la confidencialidad del proceso.
Los primeros registros de la UDEF se realizaron el 18 de febrero en diversas sedes de la Policía Local y en ayuntamientos de la provincia, incluyendo localidades como Albolote y Algarinejo. Esta intervención llevó a la renuncia del entonces jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, quien dejó su cargo días después de los registros. Desde ese momento, el Ayuntamiento de Granada ha colaborado con el juzgado, proporcionando información sobre las convocatorias de promoción interna y oposiciones que tuvieron lugar entre 2019 y 2021, afectando a varias corporaciones locales y mandos policiales.
### Implicados en la Investigación
A finales de marzo, la fiscalía provincial de Granada decidió archivar las diligencias relacionadas con oposiciones en localidades como Las Gabias, Órgiva, Pulianas y Villamena, al no encontrar indicios penales suficientes. Sin embargo, las denuncias que afectan a la capital granadina, así como a Albolote y Algarinejo, siguen activas y han sido enviadas al Juzgado de Instrucción número 4. En total, seis agentes, dos funcionarios municipales y un psicólogo que participó en las oposiciones están bajo sospecha.
El clima de incertidumbre ha generado preocupación entre los miembros del cuerpo policial, quienes sienten que su honorabilidad está siendo cuestionada. Mientras tanto, el actual responsable de la Policía Local, Rafael Domingo Sánchez, ha manifestado que la plantilla está comprometida con su labor de servicio público, independientemente de las investigaciones que se estén llevando a cabo sobre gestiones anteriores. Por su parte, algunos opositores que denunciaron el proceso de selección han expresado su deseo de que se haga justicia, ya que muchos de ellos quedaron fuera del proceso tras años de preparación.
Las defensas de los investigados argumentan que el caso se basa en meras sospechas y conjeturas que no se sostendrán en un juicio. Un abogado de uno de los mandos investigados ha afirmado que su cliente niega cualquier implicación en delitos y sostiene que todas las oposiciones se realizaron conforme a la normativa vigente.
### Futuro de la Investigación
El secreto de sumario ha sido prorrogado para evitar filtraciones que puedan obstaculizar las investigaciones y para proteger la identidad de los investigados, así como la integridad de las pruebas incautadas. La complejidad del caso, la cantidad de personas implicadas y el volumen de documentación intervenida justifican que la instrucción se mantenga bajo reserva.
Con la salida del anterior jefe, la Policía Local ha nombrado a un nuevo responsable, quien asume el mando en un contexto de vigilancia judicial sobre los procedimientos internos del cuerpo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis del material incautado. La situación se mantiene tensa, y tanto los afectados como los investigados esperan que se esclarezcan los hechos en el menor tiempo posible.
