La reciente propuesta del teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, para dotar a la Guardia Urbana con 22 dispositivos de energía, conocidos como pistolas Taser, ha generado un intenso debate en el pleno municipal. La votación, que muchos esperaban que fuera un mero trámite, se ha convertido en un punto de fricción entre los diferentes partidos políticos, reflejando la complejidad del panorama político actual en la ciudad.
### La Votación y sus Implicaciones
El reglamento que permitiría la adquisición de estas pistolas eléctricas no logró la aprobación necesaria, ya que Junts, uno de los partidos en la coalición, votó en contra. Su líder en el consistorio, Jordi Martí, ha solicitado al gobierno del PSC que retire la propuesta del orden del día y que la presente nuevamente en julio, tras un diálogo con los sindicatos policiales. Esta solicitud pone de manifiesto la necesidad de consenso y diálogo en un tema tan delicado como el uso de dispositivos de control por parte de las fuerzas de seguridad.
Martí ha expresado que, aunque están de acuerdo con la implementación de las Taser, considera que la cifra de 22 es insuficiente. Además, ha enfatizado la importancia de que el reglamento sea discutido con aquellos que realmente utilizarán estos dispositivos, es decir, los agentes de la Guardia Urbana. Esta postura refleja una preocupación por la efectividad y la seguridad en el uso de las Taser, así como la necesidad de una mayor transparencia en el proceso de decisión.
La votación también ha evidenciado las divisiones entre los diferentes grupos políticos. Mientras que el PSC y el PP apoyaron la propuesta, Vox optó por la abstención, y otros grupos como BComú, Junts y Esquerra votaron en contra. Cada uno de estos partidos tiene sus propias razones para oponerse a la medida. Por ejemplo, BComú ha recordado un trágico incidente ocurrido en 2021, donde un joven falleció tras recibir múltiples descargas eléctricas, lo que ha llevado a una fuerte resistencia hacia el uso de Taser en la ciudad. Por su parte, Esquerra ha planteado la necesidad de aumentar la edad mínima para el uso de estos dispositivos, que actualmente se establece en 14 años, sugiriendo que debería ser la mayoría de edad.
### Contexto y Reacciones
El contexto en el que se desarrolla esta discusión es crucial para entender la resistencia hacia la implementación de las Taser. La Guardia Urbana de Barcelona, que cuenta con una plantilla de aproximadamente 3.500 policías, ha estado bajo un intenso escrutinio en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su relación con la comunidad y el uso de la fuerza. La introducción de dispositivos como las Taser puede ser vista como un intento de modernizar y equipar a la policía, pero también plantea serias preguntas sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos.
Albert Batlle ha defendido el reglamento, argumentando que se trata de un documento “garantista” que busca proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos. Sin embargo, su negativa a retirar la propuesta del orden del día ha generado aún más tensiones. La falta de consenso en torno a este tema refleja un divorcio creciente entre el PSC y Junts, que ha sido evidente en otras negociaciones recientes, como la relacionada con la reserva de vivienda social en nuevas construcciones.
La situación actual pone de relieve la dificultad de alcanzar acuerdos en un clima político tan polarizado. La introducción de las Taser en la Guardia Urbana no es solo una cuestión de equipamiento, sino que también toca temas más amplios sobre la seguridad, la confianza pública en las fuerzas del orden y la forma en que se gestionan las relaciones entre la policía y la comunidad.
A medida que se acerca la fecha límite para la implementación de esta medida, prevista para enero de 2026, la presión sobre los partidos políticos para encontrar un terreno común se intensificará. La necesidad de un diálogo abierto y constructivo se vuelve más urgente que nunca, no solo para abordar la cuestión de las Taser, sino también para establecer un marco de confianza entre la ciudadanía y sus representantes. La discusión sobre el uso de dispositivos de control como las Taser es un reflejo de las tensiones más amplias en la sociedad y la política de Barcelona, y su resolución podría tener un impacto duradero en la forma en que se ejerce la seguridad en la ciudad.
