El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha intensificado sus esfuerzos para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. Sin embargo, este nuevo intento enfrenta serias dificultades, ya que entre ocho y diez países miembros han expresado su escepticismo o rechazo a la propuesta. La decisión sobre la oficialidad de estas lenguas debe ser adoptada por unanimidad, lo que complica aún más la situación. A medida que se acerca el Consejo de Asuntos Generales programado para el 27 de mayo, las posibilidades de éxito parecen cada vez más remotas.
La situación actual se ha visto marcada por una ofensiva diplomática del ministerio de Exteriores español, que ha intensificado los contactos con los países reticentes. Fuentes diplomáticas han indicado que entre los países que se oponen a la iniciativa se encuentran los Estados Bálticos, Suecia, Bulgaria, República Checa e Italia. Alemania y Francia también han mostrado dudas, con los franceses preocupados por el costo que podría implicar esta medida para la Unión Europea.
En la primera discusión preparatoria a nivel técnico, quedó claro que la mayoría de los Estados miembros no están dispuestos a respaldar la propuesta. El borrador de la agenda para la reunión ministerial ya incluye la cuestión de la oficialidad de las lenguas, pero el camino hacia su adopción parece estar lleno de obstáculos. En septiembre de 2023, España intentó presentar la misma propuesta, pero la falta de apoyos llevó a que el asunto no se sometiera a votación, quedando solo en un debate.
Las reservas de los países contrarios a la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas son similares a las que se presentaron en la ocasión anterior. Uno de los principales temores es que el reconocimiento de estas lenguas pueda sentar un precedente que motive a otras regiones con lenguas minoritarias a solicitar un estatus similar. Por ejemplo, los países Bálticos están especialmente preocupados por la situación de la minoría rusa en sus territorios.
Por otro lado, el Gobierno español ha manifestado su disposición a asumir los costos asociados con la oficialidad de estas lenguas, que se estima en alrededor de 132 millones de euros, según un informe preliminar de la Comisión Europea. Sin embargo, esta oferta se presenta como un caso excepcional, ya que ningún otro país ha asumido previamente gastos de esta naturaleza. Además, existen dudas legales sobre la viabilidad de modificar el reglamento de lenguas de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego, dado que estos idiomas no están contemplados en los Tratados, que solo reconocen el castellano.
La estrategia del ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección de José Manuel Albares, ha sido clara: avanzar en el uso oficial de estas lenguas en la UE es una prioridad para el año 2025. En este sentido, se ha instado al cuerpo diplomático español a redoblar esfuerzos para convencer a los países escépticos. En enero, Albares discutió el tema con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, enfatizando la importancia de este paso no solo como un reconocimiento a la diversidad lingüística de España, sino también como una contribución al respeto por la diversidad que caracteriza a la Unión Europea.
A pesar de estos esfuerzos, el Ejecutivo español se enfrenta a una Europa que ha virado hacia la derecha y que muestra poco interés en atender estas demandas. La oficialidad del catalán se ha convertido en un requisito impuesto por Junts para la investidura de Sánchez, y el expresident Carles Puigdemont ha vinculado su apoyo a la aprobación del Pacte Nacional per la Llengua a la oficialidad del idioma en la UE.
En las últimas semanas, se han dado algunos pasos positivos hacia la inclusión del catalán en el ámbito europeo. Por un lado, se ha acordado que el idioma pueda ser enseñado como optativa en las Escuelas Europeas, lo que beneficiará a los hijos de funcionarios comunitarios y diplomáticos. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha renovado un acuerdo con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) que permitirá el uso del catalán, el gallego y el euskera en las intervenciones de sus miembros durante las sesiones plenarias.
Sin embargo, a menos que se produzca un cambio significativo en las próximas semanas, la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea parece estar lejos de ser una realidad. La situación actual refleja la complejidad de las dinámicas políticas en Europa y la dificultad de alcanzar consensos en temas sensibles como el reconocimiento de lenguas regionales.
