A un año de concluir su mandato, Daniel Ortega ha declarado oficialmente el fin de las elecciones en Nicaragua. El presidente, en poder desde 2007, busca eliminar cualquier vía democrática para su relevo. Su discurso del 20 de julio de 2026, durante la conmemoración del 47.º aniversario de la revolución sandinista, no fue una advertencia: fue una sentencia.
¿Qué significa el anuncio de Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?
Ortega afirmó que no habrá más comicios para evitar que los opositores «atrapen el Gobierno». Usó términos como «yanquis» y «somocistas» para deslegitimar a sus rivales. Su mensaje fue claro: el sistema electoral ya no forma parte del marco institucional.
El régimen ya había despojado de derechos políticos a más de 40 líderes opositores. En 2023, la Asamblea Nacional —controlada por el Frente Sandinista— aprobó una reforma constitucional que elimina la reelección limitada y permite la perpetuación indefinida en el poder.
¿Cómo ha evolucionado la dictadura de Ortega y Murillo?
Desde 2018, Nicaragua vive una crisis institucional profunda. Las protestas masivas fueron reprimidas con violencia letal. Organismos como la CIDH y la ONU documentaron más de 300 muertes y miles de detenciones arbitrarias.
En 2021, Ortega ganó su cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales. La Comisión Electoral fue reestructurada para garantizar resultados predefinidos. La prensa independiente fue clausurada; más de 100 medios cerraron entre 2021 y 2024.
El binomio de poder: Ortega y Murillo
Rosario Murillo no es solo vicepresidenta. Es co-gobernante. Dirige la comunicación estatal, controla los fondos del Fondo de Inversión Social, y supervisa las redes de vigilancia comunitaria. Su influencia se extiende al sistema educativo y religioso, donde se impone la narrativa oficial.
¿Cuál es el impacto económico de la dictadura en Nicaragua?
La economía nicaragüense ha sufrido una contracción del 12 % desde 2018. La inversión extranjera directa cayó un 74 % entre 2018 y 2025, según el Banco Central de Nicaragua. El régimen ha sustituido las empresas privadas por cooperativas controladas por el Estado.
El bloqueo financiero internacional se intensificó en 2024, tras la aprobación de la Ley Magnitsky por la Unión Europea. Más de 120 funcionarios y empresas vinculadas al régimen están sancionados. El dólar se ha convertido en moneda de facto, pero su acceso está restringido para la población.
¿Qué marco legal sustenta la eliminación de las elecciones?
En 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Soberanía Política, que declara «ilegítimos» a todos los partidos no alineados con el Frente Sandinista. La ley también prohíbe la participación de «agentes extranjeros» —término usado para criminalizar a ONG, periodistas y defensores de derechos humanos.
La Constitución de 1987 fue modificada en 2023 para eliminar el artículo 147, que garantizaba elecciones libres cada cinco años. Ahora, el artículo 147 bis establece que el mandato presidencial se renueva «por decisión soberana del pueblo», sin mecanismos de votación definidos.
Datos Clave
- Ortega lleva 19 años consecutivos en la presidencia, el mandato más largo de América Latina.
- Desde 2018, más de 100.000 nicaragüenses han huido del país, según la OIM.
- En 2025, Nicaragua ocupó el puesto 178 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa de RSF.
- El régimen ha cancelado las acreditaciones de 37 periodistas extranjeros desde 2022.
- La Iglesia Católica ha denunciado la clausura de 21 seminarios y 8 diócesis por presión estatal.
El régimen no solo ha eliminado las elecciones. Ha desmontado el concepto mismo de alternancia democrática. Su estrategia ya no es ganar votos: es eliminar la posibilidad de que los votos existan.
