El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha reafirmado públicamente el valor de la independencia judicial como pilar esencial de la democracia española. En un discurso durante los premios Merca2 2026, Marchena denunció la instrumentalización política de la Justicia y advirtió sobre los riesgos de erosionar la confianza ciudadana en los jueces.
¿Qué significa la independencia judicial en la práctica actual?
La independencia judicial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Los jueces no responden ante partidos, gobiernos ni presiones mediáticas. Su único mandato es la Constitución y la ley. En 2026, este principio enfrenta tensiones crecientes: campañas de deslegitimación, etiquetas como “fachas con toga” o “mafia judicial”, y la politización de resoluciones ajenas a cualquier sesgo ideológico.
Marchena subrayó que los magistrados son inamovibles no por inmunidad, sino por responsabilidad. Su estabilidad protege la imparcialidad frente a cambios de gobierno o presiones externas.
¿Cómo afecta la desconfianza judicial a la economía y la gobernanza?
La calidad institucional impacta directamente en la inversión extranjera y la estabilidad regulatoria. Un sistema judicial percibido como débil o sesgado reduce la previsibilidad jurídica. Según el Informe Global de Competitividad 2026, España perdió 3 posiciones en el indicador de eficacia del sistema judicial, vinculado a retrasos procesales y percepción de parcialidad.
Además, la incertidumbre jurídica frena proyectos de infraestructura, contratos públicos y litigios comerciales. Empresas multinacionales exigen garantías de imparcialidad antes de desplegar capital.
¿Qué dice la ley sobre la protección de los jueces?
El Estatuto Orgánico del Poder Judicial (LOPJ) establece que los jueces son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su destitución solo procede por causas graves y tras un procedimiento disciplinario riguroso. La Constitución Española, en su artículo 117, consagra la independencia, inamovilidad e irresponsabilidad judicial —salvo responsabilidad penal o disciplinaria probada.
No obstante, el vacío en la renovación del CGPJ desde 2022 ha debilitado su capacidad de defensa institucional. El marco legal sigue vigente, pero su aplicación se ve afectada por la parálisis política.
¿Por qué las críticas legítimas no deben confundirse con ataques sistemáticos?
Marchena distinguió con claridad entre crítica constructiva y deslegitimación. Criticas a resoluciones judiciales son saludables y necesarias en una democracia. Pero cuando se cuestiona la integridad personal de los jueces, se socava el Estado de Derecho.
El abuso de redes sociales, la difusión de narrativas sin fundamento y la asociación de decisiones judiciales con agendas partidistas alimentan la desinformación. Esto no solo afecta a los magistrados: afecta a los ciudadanos que necesitan confiar en que sus derechos serán protegidos sin favoritismos.
Datos Clave
- La independencia judicial está protegida por los artículos 117 y 122 de la Constitución Española.
- El CGPJ lleva más de 4 años sin renovación completa, lo que afecta su capacidad de supervisión y defensa institucional.
- Según el World Justice Project 2026, España ocupa el puesto 28 de 142 países en el índice de aplicación imparcial de la ley.
- El 73 % de los ciudadanos considera que la Justicia está “muy o bastante politizada”, según la Encuesta de Percepción Institucional del CIS (abril 2026).
El contexto económico y social actual
En un escenario de inflación persistente y reformas laborales en marcha, la previsibilidad jurídica es estratégica. Los tribunales resuelven conflictos laborales, reclamaciones de consumidores y litigios fiscales. Cualquier duda sobre su imparcialidad ralentiza la resolución de disputas y eleva los costes de transacción para empresas y particulares.
Además, la desconfianza judicial se entrelaza con otros fenómenos sociales: la caída de la participación electoral en jóvenes, el aumento de la desafección política y la polarización mediática. Marchena no habló solo de leyes: habló de convivencia democrática.
La responsabilidad compartida
La defensa de la Justicia no es solo tarea de los jueces. Abogados, periodistas, partidos políticos y ciudadanos tienen un rol activo. Etiquetar a los magistrados como “soldados disciplinados” de una ideología es negar su función constitucional. La imparcialidad no es neutralidad: es aplicación rigurosa del derecho, sin concesiones.
Marchena cerró su intervención con una advertencia clara: “Esto no ha acabado”. Las presiones continuarán. Pero la respuesta no es el silencio ni la retirada: es la reafirmación constante de los principios, con hechos, transparencia y rigor.
