El Consejo Europeo de junio de 2026 evidenció tensiones profundas entre España e Italia sobre política migratoria. A pesar del acercamiento diplomático entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, sus posturas en materia de retornos, centros de deportación y regularización extraordinaria siguen siendo antagónicas. El debate no fue meramente técnico: impacta en la cohesión de la UE, en los flujos migratorios reales y en el presupuesto comunitario.
¿Qué pasó realmente en la cumbre migratoria del Consejo Europeo?
Durante la sesión nocturna del Consejo, Giorgia Meloni criticó públicamente la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español. Según Euractiv, la primera ministra italiana argumentó que dicha medida genera efectos de arrastre en otros Estados miembros. Fuentes diplomáticas españolas desmintieron que hubiera habido un ataque directo, pero reconocieron que las discrepancias fueron explícitas y estructurales.
El papel clave de la Eurocámara y el reglamento de retornos
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó la reciente aprobación del reglamento de retornos, que autoriza la creación de centros de deportación en terceros países. Esta norma es clave para los gobiernos de Italia y Dinamarca, pero es rechazada frontalmente por España.
¿Por qué chocan España e Italia en inmigración si comparten familia política?
Ambos gobiernos pertenecen al bloque de centro-derecha europeo, pero su interpretación de la soberanía migratoria diverge radicalmente. Meloni defiende una política basada en el control fronterizo y la externalización de los retornos. Sánchez, en cambio, prioriza la integración, los canales legales y la cooperación con países de origen.
El factor danés: Frederiksen como catalizador del debate
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la que impulsó la moción para elevar la inmigración al centro del debate estratégico del Consejo. Su intervención, aplaudida por Meloni y el belga Bart de Wever, contrastó con la postura española. Sánchez reiteró su oposición a los centros de deportación y subrayó que la UE debe evitar soluciones que violen los derechos humanos.
¿Cuál es el impacto económico real de estas diferencias?
Las divergencias migratorias tienen consecuencias fiscales directas. El reglamento de retornos moviliza fondos del Fondo de Asilo y Migración (FAM). España ha rechazado destinar recursos a proyectos de externalización, mientras que Italia y Dinamarca ya han firmado acuerdos con países como Túnez y Ruanda. Esto afecta la distribución del presupuesto europeo 2026–2031 y genera desequilibrios en la asignación de ayudas.
Marco legal: ¿Dónde está el límite entre cooperación y vulneración de derechos?
El reglamento de retornos está sujeto a la Convención Europea de Derechos Humanos y al principio de no devolución (non-refoulement). La Comisión Europea ha advertido que los acuerdos con terceros países deben incluir garantías jurídicas efectivas. España exige que cualquier cooperación migratoria pase por evaluaciones de riesgo independientes. Italia, en cambio, prioriza la velocidad operativa sobre los controles legales.
¿Qué dicen los datos clave?
- El Fondo de Asilo y Migración (FAM) destinará 12.700 millones de euros para 2026–2031, el 37 % para retornos y cooperación con terceros países.
- España ha rechazado 4 de los 7 acuerdos bilaterales de retorno propuestos por la Comisión desde 2024.
- Italia ha firmado 6 acuerdos de cooperación migratoria con países del norte de África y el Cuerno de África desde 2023.
- El número de solicitudes de asilo en España subió un 22 % en 2025; en Italia, bajó un 14 % tras la activación de los primeros centros de deportación en Ruanda.
- La Eurocámara aprobó el reglamento de retornos con 328 votos a favor, 252 en contra y 42 abstenciones.
¿Qué implica esto para la gobernanza europea?
La fractura migratoria no es solo técnica: revela una crisis de confianza entre Estados miembros. La falta de consenso frena la reforma del Pacto de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor se ha pospuesto a 2027. Además, genera incertidumbre jurídica para los migrantes y riesgos de litigios ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cohesión del bloque depende de equilibrar seguridad, solidaridad y respeto a los derechos fundamentales.
