Barcelona vive una escalada silenciosa de violencia vinculada al crimen organizado internacional. Desde enero de 2026, cinco hombres han muerto por arma de fuego en Catalunya, todos con vínculos confirmados o sospechosos con los clanes Kavac y Skaljari, originarios de Montenegro. Las ejecuciones no son aisladas: responden a una guerra territorial por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.
¿Qué clanes están activos en Catalunya y por qué han elegido esta región?
Los clanes montenegrinos no operan al azar. Catalunya ofrece infraestructura logística, puertos estratégicos y una red de contactos consolidada en el mercado de la cocaína y el cannabis. Además, la región tiene una alta densidad de población migrante y una movilidad fronteriza que facilita el desplazamiento de miembros bajo radar.
Los Kavac y los Skaljari no son meros grupos delictivos: son estructuras jerárquicas con financiación transnacional, protección corrupta y capacidad de intimidación sistémica. Su presencia se ha intensificado desde 2024, cuando la Europol identificó a Catalunya como uno de los tres epicentros europeos de su expansión.
¿Cómo opera la policía ante esta amenaza transnacional?
Los Mossos d’Esquadra han reforzado su unidad central de organizaciones criminales transnacionales. Tras el asesinato del domingo 8 de junio en la calle Mineria, se activó un protocolo conjunto con Interpol España, enviando huellas dactilares a Serbia y Montenegro. La colaboración con la Europol y la Oficina de Cooperación Judicial de la UE es ahora obligatoria en cada caso con indicios de vinculación internacional.
La fiscalía anticorrupción de Barcelona ha abierto una investigación paralela para descartar infiltración en administraciones locales, especialmente en licencias de hostelería y transporte.
¿Cuál es el impacto económico real de esta violencia en Catalunya?
No se trata solo de víctimas: el crimen organizado afecta directamente al tejido económico. Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 23 % de los locales comerciales cerrados en Sants-Montjuïc en 2025 citaron “inseguridad percibida” como factor clave. El turismo urbano ha caído un 11 % en el primer trimestre de 2026 en barrios como Poble Sec y Hostafrancs, según el Observatorio del Turismo de Barcelona.
Además, el Banco de España ha alertado de movimientos sospechosos por más de 42 millones de euros en cuentas de empresas de fachada vinculadas a inmobiliarias y salones de apuestas en la provincia de Barcelona.
¿Qué marco legal regula la actuación contra clanes extranjeros?
La Ley Orgánica 5/2024 de Reforma del Código Penal introdujo el delito de pertenencia a organización criminal transnacional, con penas de hasta 15 años. También se amplió la figura del concurso de delitos agravado cuando hay uso de armas de fuego y vinculación con redes extranjeras.
A nivel autonómico, la Generalitat activó en marzo de 2026 el Plan Estratégico de Seguridad Pública 2026–2030, que asigna 87 millones de euros a la coordinación entre Mossos, Ayuntamientos y Europol. Incluye la creación de unidades de inteligencia financiera local y la obligatoriedad de informes trimestrales al Parlamento de Catalunya.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos y las autoridades?
- Cinco asesinatos con arma de fuego en Catalunya en 2026, todos vinculados a clanes montenegrinos.
- Los clanes Kavac y Skaljari controlan al menos el 38 % del mercado de cocaína en el sur de Europa, según la Agencia Europea de Policía.
- El 72 % de los detenidos en operaciones relacionadas con estos clanes en 2025 tenían residencia legal en España, lo que dificulta su expulsión inmediata.
- Se han identificado al menos 14 empresas de fachada en Barcelona vinculadas a lavado de activos, con facturación simulada superior a 120 millones de euros.
- La fiscalía de Barcelona ha solicitado la extradición de 9 sospechosos desde Montenegro y Serbia, pero solo 3 han sido entregados hasta la fecha.
El crimen organizado ya no es un problema de fronteras: es un desafío institucional, económico y social. Su presencia en Catalunya no es coyuntural. Es estructural. Y exige respuestas coordinadas, transparentes y basadas en evidencia.
