Estados Unidos ha llevado a cabo más de 200 muertes en operaciones navales contra embarcaciones sospechosas en el Pacífico oriental desde septiembre de 2025. Las acciones, atribuidas al Comando Sur (Southcom), carecen de pruebas públicas verificables. Expertos de la ONU y organismos de derechos humanos califican los incidentes como ejecuciones extrajudiciales. La investigación interna del Pentágono aún no ha emitido hallazgos públicos.
¿Qué autoriza legalmente a EE.UU. atacar embarcaciones en alta mar?
El gobierno estadounidense invoca la Ley de Autorización de Uso de la Fuerza Militar (AUMF) y acuerdos bilaterales con países de la región. Sin embargo, estos marcos no cubren operaciones unilaterales contra civiles sin identificación judicial previa.
Jurisdicción marítima y límites del derecho internacional
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) exige que cualquier detención o uso de la fuerza en alta mar se base en sospecha razonable y se realice bajo supervisión judicial o de autoridad competente. Las embarcaciones sin bandera o con bandera de conveniencia no eximen a EE.UU. de cumplir con el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida.
¿Qué impacto económico tienen estas operaciones en la región?
Las rutas del Pacífico oriental mueven más del 60 % de la cocaína que llega a Europa y Norteamérica. Pero los ataques navales no han reducido los volúmenes incautados: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico se ha reorganizado hacia embarcaciones más pequeñas y rápidas.
Pérdidas colaterales en economías locales
Puertos de Colombia, Ecuador y México reportan caídas del 12 % en ingresos portuarios por miedo a la militarización. Pescadores artesanales denuncian restricciones no oficiales en zonas de operación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima una pérdida anual de 420 millones de dólares en actividades legítimas vinculadas al mar.
¿Qué dice la ONU y qué investiga el Pentágono?
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) exigió en marzo de 2026 una investigación independiente. Señaló que los vídeos difundidos por Southcom no muestran identificación previa de los ocupantes ni intentos de rendición.
Informe preliminar del Inspector General del Departamento de Defensa
Según filtraciones publicadas por The Washington Post, el informe identifica tres fallos estructurales: ausencia de protocolos de identificación remota, falta de revisión legal previa a cada ataque y omisión de registros de comunicaciones con autoridades costeras locales. No se ha confirmado si se aplicarán sanciones.
¿Cómo afecta esto a la cooperación regional?
Colombia y Ecuador retiraron formalmente su apoyo operativo a Southcom en abril de 2026. Ambos países exigieron transparencia en los criterios de selección de objetivos. La iniciativa regional Pacífico Seguro, creada en 2024, está en pausa técnica.
Datos Clave
- Más de 200 muertes confirmadas desde septiembre de 2025, según recuento de AFP.
- Ningún caso ha derivado en procesamiento judicial ni entrega de pruebas a tribunales internacionales.
- El 92 % de las embarcaciones atacadas carecían de identificación visual clara en los vídeos oficiales.
- La UNODC reporta un aumento del 18 % en el uso de lanchas semisubmersibles tras el inicio de la ofensiva.
- El Pentágono no ha publicado un solo informe de evaluación de impacto civil desde 2025.
El marco legal actual no justifica ataques letales sin identificación previa ni control judicial. La ausencia de rendición de cuentas socava tratados bilaterales y debilita la gobernanza marítima regional. Las consecuencias económicas reales ya se reflejan en empleo portuario, pesca artesanal y confianza institucional. La presión internacional crece, pero sin cambios normativos concretos, las operaciones continúan bajo criterios operativos opacos y no auditables.
