La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en una persecución a narcolanchas en Huelva ha reavivado la crisis de seguridad en las costas andaluzas. Alberto Núñez Feijóo exige la dimisión de Fernando Grande-Marlaska. El PP denuncia la falta de medios, la lentitud legislativa y el abandono institucional. La situación ya había provocado una moción de censura en el Senado en 2024.
¿Por qué Feijóo exige la dimisión de Marlaska?
Feijóo vincula directamente la muerte de los agentes con la gestión ministerial de Grande-Marlaska. Señala que el ministro no ha reforzado las dotaciones en zonas críticas como la costa de Huelva y Cádiz. La falta de embarcaciones rápidas, radares costeros y coordinación interagencial es recurrente en sus críticas.
El líder del PP recuerda que el Senado ya aprobó una moción de censura contra Marlaska tras el incidente de Barbate en febrero de 2024. En ambos casos, las víctimas fueron embestidas por embarcaciones usadas por redes de tráfico de drogas.
¿Qué dice la ley sobre la seguridad marítima en España?
La Ley Orgánica 2/1986 atribuye a la Guardia Civil la vigilancia de las aguas territoriales. Pero su aplicación depende de los recursos asignados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. En 2026, el capítulo de seguridad marítima recibió un aumento del 7,2 %, insuficiente según expertos en seguridad fronteriza.
El Real Decreto 1123/2021 actualizó los protocolos de intervención contra narcolanchas. Sin embargo, no contempla mecanismos de actualización automática ante la evolución tecnológica de las redes criminales. Esto genera una brecha operativa real.
¿Cuál es el impacto económico del narcotráfico marítimo?
El tráfico de drogas por vía marítima representa más del 60 % de las incautaciones nacionales. Según el Observatorio Español de Drogas, el valor estimado de las sustancias interceptadas en 2025 superó los 1.200 millones de euros.
Pero el costo real va más allá: pérdida de productividad, gasto sanitario y sobrecarga judicial. Cada operativo fallido incrementa los costos de prevención primaria y reinserción social. Además, la inseguridad costera afecta al turismo y la pesca artesanal en Andalucía.
¿Qué pasa con Ceuta y Melilla en este contexto?
Feijóo ha vinculado la crisis de seguridad con la defensa de la soberanía en Ceuta y Melilla. La reciente moción del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. no tiene valor vinculante, pero sí simbólico. España ha reafirmado su posición ante la UE: ambas ciudades son territorios de la Unión Europea.
La Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex) ha incrementado su presencia en el Estrecho desde 2025. Pero su mandato no incluye intervención armada ni persecución activa: depende de la coordinación con las autoridades nacionales.
Datos Clave
- Más de 420 narcolanchas interceptadas en 2025, un 18 % más que en 2024.
- La costa de Huelva y Cádiz concentra el 34 % de los incidentes con agentes heridos o fallecidos.
- El 72 % de las embarcaciones incautadas usan motores de más de 300 CV y sistemas de evasión GPS.
- El Gobierno ha destinado 142 millones de euros a modernización de la Brigada Marítima de la Guardia Civil para 2026.
- La tasa de resolución de casos de tráfico marítimo bajó del 41 % al 33 % entre 2023 y 2025.
¿Qué ha cambiado desde Barbate?
Tras el incidente de Barbate, el Gobierno aprobó el Plan Estratégico de Seguridad Marítima 2024–2027. Pero su ejecución se ha visto afectada por retrasos en la adquisición de drones marítimos y la falta de personal especializado. La formación en tácticas anti-narcolancha sigue siendo voluntaria y no obligatoria para todos los destacamentos costeros.
¿Qué exige la oposición ahora?
El PP pide la creación inmediata de una Zona de Especial Atención Marítima (ZEAM) en Andalucía. También reclama la reforma del Código Penal para tipificar como agravante el ataque a agentes con embarcaciones de alta velocidad. Además, exige la publicación trimestral de indicadores de eficacia operativa en zonas críticas.
La Unión Europea ha advertido que la inacción en el Estrecho afecta a la seguridad colectiva. Y el Tribunal de Cuentas ha señalado en su informe de 2025 que el 29 % de los fondos destinados a seguridad marítima no se ejecutó por falta de planes técnicos viables.
