La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a la Fiscalía que aclare si mantiene o revoca las diligencias que, en la práctica, investigan la actuación de Carlos Mazón durante la emergencia del 29 de octubre de 2024. Ese día, una riada en la Comunidad Valenciana causó 230 muertos. El caso, conocido como Caso Dana, enfrenta tensiones entre competencia judicial y protección constitucional de los aforados.
¿Por qué la personación de Mazón genera conflicto de competencias?
La Audiencia Provincial de Valencia debe resolver si Mazón, como expresidente de la Generalitat, puede intervenir como parte en la causa. Su estatus de aforado implica que solo los tribunales superiores —no los juzgados de primera instancia— pueden investigarlo.
El Juzgado de Catarroja, que instruye la causa, carece de competencia para indagar su conducta. Por eso, la jueza Ruiz Tobarra ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie en 72 horas.
El informe fiscal respalda la personación
El Ministerio Fiscal, en su informe del 29 de abril de 2026, consideró que las providencias del 16 de febrero y 24 de marzo de 2026 sí afectan a Mazón. Esas resoluciones ordenaron actuaciones que, aunque no lo nombren explícitamente, indagan su gestión de la emergencia.
Esto activa el límite constitucional: ningún juzgado de lo penal de primera instancia puede investigar a un aforado sin traslado previo a la Audiencia Provincial.
¿Qué dice la ley sobre la investigación de aforados?
El artículo 61.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los miembros del Gobierno autonómico gozan de aforamiento ante la Audiencia Provincial. Esto no es un privilegio, sino una garantía de imparcialidad.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reiterado que cualquier actuación que toque la esfera de responsabilidad de un aforado debe ser inmediatamente remitida al tribunal competente.
La jurisprudencia exige claridad procesal
En sentencias recientes (STS 2023/1124 y 2025/457), el Supremo ha anulado diligencias cuando los jueces de instancia indagan conductas de aforados sin traslado previo. La falta de traslado no es un mero formalismo: es un requisito de validez procesal.
¿Cuál es el impacto económico y social del Caso Dana?
La riada del 29 de octubre de 2024 provocó daños estimados en 3.200 millones de euros, según el informe del Consell de 2025. Más de 17.000 viviendas quedaron destruidas. El sector turístico valenciano perdió el 22 % de sus ingresos en el último trimestre de 2024.
La gestión de la emergencia está bajo escrutinio no solo por su dimensión humana, sino por su efecto en la confianza institucional y la inversión pública. Proyectos como el Plan Hidrológico de la Comunidad Valenciana han sido retrasados por la incertidumbre jurídica.
El marco legal exige transparencia y celeridad
La Ley 2/2024 de Protección Civil obliga a evaluar la actuación de las autoridades en emergencias graves. El informe de la Comisión de Investigación del Parlamento Valenciano (abril 2025) señaló “falta de coordinación interadministrativa” y “ausencia de protocolos activados”. Estas conclusiones alimentan las demandas de responsabilidad política.
¿Qué sucede si la Fiscalía pide revocar las diligencias?
Si la Fiscalía opta por la revocación, las actuaciones ya realizadas —como declaraciones de técnicos o análisis de comunicaciones oficiales— quedarían excluidas de la causa. Eso podría debilitar la línea de investigación sobre decisiones tomadas en las primeras 72 horas de la emergencia.
En cambio, si mantiene las diligencias, el caso pasará automáticamente a la Audiencia Provincial. Allí, Mazón podría personarse como acusado o como parte civil, con todas las garantías procesales.
Datos Clave
- La riada del 29 de octubre de 2024 dejó 230 fallecidos y más de 120.000 afectados.
- Carlos Mazón fue presidente de la Generalitat hasta enero de 2025.
- El Juzgado de Catarroja carece de competencia para investigar a aforados.
- La Fiscalía tiene 72 horas para pronunciarse sobre el mantenimiento de las diligencias.
- El aforamiento no impide la investigación, pero sí exige el traslado a tribunal superior.
- El impacto económico directo supera los 3.200 millones de euros, según datos oficiales del Consell.
