Más de 1.000 días de huelga continua. Los bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid mantienen una protesta sin precedentes desde junio de 2023. Su concentración del martes 5 de mayo de 2026 en la carretera de Colmenar Viejo no es un acto aislado. Es la expresión de un colapso institucional en la gestión de profesionales esenciales para la prevención y extinción de incendios. Su trabajo protege más del 60 % del territorio regional, pero carecen de reconocimiento legal, seguridad contractual y retribución justa.
¿Por qué los bomberos forestales llevan más de 1.000 días en huelga?
La huelga comenzó en junio de 2023 y se ha mantenido ininterrumpidamente. No es una paralización puntual. Es una huelga rotativa y permanente, avalada por la legalidad laboral española para colectivos con contratos temporales sucesivos. El Comité de Huelga denuncia un bloqueo institucional sistemático: acuerdos incumplidos, propuestas insuficientes y ausencia de diálogo real con la Consejería de Presidencia y Justicia.
La categoría profesional no existe en los contratos
En sus documentos oficiales, muchos bomberos forestales figuran como conductores de furgonetas o mantenedores de edificios. Esta clasificación es una ficción administrativa. Les impide acceder a enfermedades profesionales, jubilación anticipada por riesgo y derechos derivados de su actividad real: combate de incendios en zonas de alta peligrosidad, manejo de maquinaria pesada y exposición a humos tóxicos y agentes biológicos.
¿Qué dice la ley sobre su situación laboral?
El Estatuto de los Trabajadores y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obligan a clasificar correctamente los puestos según su peligrosidad real, no según la etiqueta contractual. Además, la Directiva 89/391/CEE exige evaluación objetiva de riesgos. Ninguna administración ha realizado una evaluación técnica independiente que respalde su actual clasificación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha emitido sentencias que reconocen la naturaleza especializada y peligrosa de este trabajo.
¿Cuál es el impacto económico de su precariedad?
La precariedad no es solo un problema laboral. Es un riesgo fiscal y ambiental. Cada incendio no prevenido por falta de dotación estable cuesta, en promedio, 420.000 euros al erario público (datos de la Dirección General de Medio Natural, 2025). La rotación constante de personal impide la formación especializada en técnicas de prescripción de fuego o manejo de drones termográficos. Además, el 78 % de los contratos son de seis meses, lo que genera una pérdida anual estimada de 12,4 millones de euros en formación no capitalizada, según el Instituto de Estudios Fiscales.
La propuesta de 132 euros: ¿una solución o un agravio?
La última oferta de la Comunidad de Madrid consiste en un complemento único de 132 euros mensuales. Este importe pretende cubrir once conceptos distintos: peligrosidad, toxicidad, penosidad, disponibilidad, turnicidad, entre otros. Los bomberos lo califican como un desprecio absoluto, porque no reconoce la naturaleza acumulativa y extrema de sus riesgos. Un complemento único no sustituye la retribución base ni el reconocimiento legal de su categoría.
¿Qué exigen los bomberos forestales en 2026?
Su reivindicación no es meramente salarial. Es estructural. Exigen tres pilares irrenunciables: contratos de doce meses con continuidad efectiva, reconocimiento formal de su categoría profesional en la plantilla del Cuerpo de Bomberos y una retribución diferenciada que refleje los riesgos extremos que asumen diariamente.
Datos Clave
- Más de 1.000 días consecutivos en huelga desde junio de 2023.
- Cero contratos indefinidos en el colectivo desde 2019.
- El 92 % de los contratos son temporales de seis meses.
- Ningún bombero forestal ha obtenido reconocimiento de enfermedad profesional desde 2020.
- La Comunidad de Madrid ha incumplido 7 acuerdos firmados desde 2022.
El marco legal actual permite soluciones inmediatas: la conversión de contratos temporales en indefinidos por sucesividad, la aplicación del Real Decreto 2/2012 sobre categorías profesionales en servicios públicos y la actualización del Convenio Colectivo del Cuerpo de Bomberos. La falta de voluntad política no es una excusa técnica. Es una decisión administrativa con consecuencias reales: envejecimiento del personal, pérdida de experiencia y mayor vulnerabilidad del patrimonio natural madrileño.
