Rosa Peral lleva nueve años en prisión tras asesinar a su novio, Pedro Rodríguez, en 2017 junto a Albert López. Su trayectoria carcelaria es inusual: ha sido trasladada seis veces entre centros penitenciarios de Cataluña. Cada traslado responde a incidentes graves: intentos de contratación de sicarios, peleas físicas, posesión ilegal de teléfono móvil, presunta trafico de drogas y tres causas penales abiertas. Solo una ha prosperado judicialmente.
¿Por qué Rosa Peral ha sido trasladada seis veces en prisión?
El itinerario penitenciario de Rosa Peral refleja una gestión penitenciaria excepcionalmente compleja. Ingresó el 16 de mayo de 2017 en Wad-Ras, la prisión de mujeres de Barcelona. Allí generó inestabilidad: rompió dinámicas de convivencia, alteró grupos de afinidad y motivó una solicitud formal de traslado por parte de la dirección. Su presencia se consideró incompatible con la seguridad interna.
El intento de contratación de un sicario
Desde Wad-Ras, Peral presuntamente intentó contactar con un sicario para asesinar a su exmarido. Una interna alertó a los Mossos d’Esquadra. Se abrió una causa penal, pero fue archivada por falta de pruebas. No obstante, el hecho evidenció un riesgo real de reincidencia violenta desde el interior del centro.
¿Qué causas penales ha afrontado Rosa Peral en prisión?
En total, Peral ha sido investigada en tres causas penales durante su encarcelamiento. Una derivó del intento de contratación de sicario. Otra, por la muerte sospechosa de un vendedor ambulante en Montjuïc en 2014 —cuando ambos patrullaban como guardias urbanos—. La instrucción se archivó sin cargos. La tercera causa se abrió tras hallarse un teléfono móvil en su celda en Brians 1, lo que viola el régimen cerrado y constituye delito de quebrantamiento de condena.
La única causa que no fue archivada
Solo una de las tres causas ha tenido continuidad judicial: la relacionada con la posesión de dispositivo móvil. Este hecho no solo generó un expediente disciplinario, sino que activó un procedimiento penal autónomo. La Fiscalía consideró que el uso de telefonía ilícita comprometía la seguridad penitenciaria y facilitaba actividades delictivas externas.
¿Cuál es el impacto económico y social de su caso?
El caso Rosa Peral ha generado costes administrativos y operativos significativos. Cada traslado implica movilización de escoltas, coordinación interinstitucional y revisión de protocolos de seguridad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste medio anual por preso en España supera los 38.000 euros. Multiplicado por nueve años y seis traslados, el gasto público asociado supera los 400.000 euros, sin contar litigios o investigaciones policiales.
El marco legal aplicable
Su situación se rige por la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 102 de la LOGP permite traslados por razones de seguridad, orden o reinserción. Pero el patrón repetitivo de conductas graves —como la posesión de teléfonos o intentos de comisión de delitos desde prisión— activa el régimen de prisión preventiva especial previsto en el artículo 503 de la LECrim.
¿Qué dice la normativa sobre traslados frecuentes en prisión?
Los traslados reiterados no son comunes. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias exige justificación técnica y documental para cada movimiento. En el caso de Peral, los informes periciales destacan riesgo elevado de alteración del orden interno, falta de adaptación al régimen cerrado y ausencia de progresión penitenciaria. Esto impide su acceso a permisos o régimen abierto.
Datos Clave
- Rosa Peral ha estado en seis centros penitenciarios desde 2017: Wad-Ras (2 veces), Brians 1 (3 veces) y Mas d’Enric (1 vez).
- Ha afrontado tres causas penales en prisión; solo una no fue archivada.
- El intento de contratación de un sicario desde Wad-Ras fue denunciado por una interna y derivó en investigación policial.
- La posesión de teléfono móvil en Brians 1 constituyó delito de quebrantamiento de condena.
- Su caso ha generado un coste público estimado superior a 400.000 euros en nueve años.
El caso Rosa Peral pone en evidencia las limitaciones del sistema penitenciario ante reclusos con alta peligrosidad social y baja capacidad de reinserción. No es un caso aislado, pero sí un referente para reformas en la evaluación de riesgo y en la gestión de internos con historial de violencia institucional. La Fiscalía General del Estado ha señalado que su perfil exige protocolos específicos de vigilancia y contención, no solo traslados reactivos.
