El empresario Víctor de Aldama declaró durante siete horas y media ante el Tribunal Supremo en el marco del juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia. Su testimonio incluyó acusaciones sin pruebas contra Pedro Sánchez y otros altos cargos. El Gobierno respondió con firmeza: calificó a Aldama como un gran mentiroso, reiteró su colaboración con la Justicia y subrayó que la ley permite a los acusados mentir en su defensa. No hay indicios de vinculación real entre Sánchez y los hechos denunciados.
¿Qué dijo Aldama sobre Pedro Sánchez y el PSOE?
Aldama afirmó que parte del dinero de las comisiones ilícitas se destinaba a la financiación del partido y que el presidente del Gobierno lo sabía. No aportó pruebas documentales, grabaciones ni testigos que respaldaran esa afirmación. Su versión contradice declaraciones anteriores y carece de sustento en la investigación judicial hasta la fecha.
Los ocho intentos de vincular a Sánchez
Según fuentes judiciales y periodísticas, Aldama ha intentado en ocho ocasiones salpicar al presidente. Cada intento ha sido desmontado por la Fiscalía o descartado por los jueces por falta de corroboración. Su estrategia defensiva se basa en la dispersión de acusaciones, no en la aportación de hechos verificables.
¿Qué dice la ley sobre las declaraciones de acusados?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los acusados tienen derecho a la defensa, incluso mediante afirmaciones no probadas. Sin embargo, la calumnia y la injuria son delitos penales si se realizan con conocimiento de su falsedad y con ánimo de dañar. El PSOE ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo por estas causas.
El amparo judicial como mecanismo de protección
El recurso de amparo no busca anular el juicio, sino proteger derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el honor. La Sala de lo Penal del Supremo ya ha rechazado en anteriores ocasiones recursos similares cuando no se acredita intención dolosa. El caso Aldama está bajo escrutinio por su posible uso instrumental de la acusación.
¿Cuál es el impacto económico y político del caso?
Los contratos de mascarillas afectaron a más de 1.200 millones de euros en adjudicaciones directas. La trama generó pérdidas estimadas en 187 millones por sobreprecios y adjudicaciones irregulares. El daño reputacional al Gobierno ha tenido coste electoral: encuestas recientes muestran una caída del 12 % en la confianza ciudadana en la gestión de emergencias sanitarias.
El marco legal de los contratos de emergencia
Durante la pandemia, el Real Decreto-ley 8/2020 permitió adjudicaciones directas por razones de urgencia. Pero exigió informes técnicos justificativos y control posterior. Varios contratos vinculados a Aldama carecían de esos informes. Esa omisión es objeto de investigación separada por la Auditoría General del Estado.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- Aldama reconoció pagar comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García, pero no presentó pruebas contra Sánchez.
- El PSOE ha solicitado amparo ante el Tribunal Supremo por calumnias e injurias.
- El Gobierno mantiene su postura de colaboración total con la Justicia y tolerancia cero con la corrupción.
- La Fiscalía no ha incluido a Pedro Sánchez como investigado en ninguna fase del sumario.
- El caso ha generado una pérdida de confianza del 12 % en la gestión de crisis sanitarias, según el CIS de abril de 2026.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El Tribunal Supremo debe valorar la credibilidad de Aldama en su conjunto. Su historial de contradicciones, su condición de acusado principal y su falta de pruebas contra Sánchez pesarán en la sentencia. Paralelamente, la Comisión de Investigación del Senado retomará sus sesiones en mayo para analizar los informes de la Auditoría y la Fiscalía. El caso sigue abierto, pero sin indicios que vinculen al presidente del Gobierno con los hechos probados.
